Pese a que la actual emergencia sanitaria afecta a todos los países del mundo y a todas las clases sociales, es evidente que el coronavirus no es “democrático”. Quizás sería más correcto decir que no son democráticas las condiciones en que se desarrolla la enfermedad: afecta más a los pobres, a los que viven hacinados, sin agua potable ni cobertura de salud; afecta más a los desocupados, cuentapropistas y precarizados que han perdido hasta la posibilidad de ganarse el pan diario por la profunda recesión en la que día a día se sumerge la economía. El “aislamiento social, preventivo y obligatorio” no es igual para todos.
Aunque en el mundo “globalizado” el giro reaccionario y liberal de los gobiernos ha impulsado en los últimos años la reducción de los presupuestos de salud, tampoco es igual esta situación para las potencias industriales que controlan la producción de medicamentos e insumos para la salud, que para los países oprimidos, que no tienen la capacidad de producirlos y dependen de la importación y del pago de patentes.
En nuestro país, la política macrista desfinanció la investigación científica y desmanteló la infraestructura sanitaria, mientras se agudizaba la desocupación producto de la crisis de las pequeñas y medianas empresas, importantes creadoras de empleo en nuestro país. La pobreza y la desigualdad adquirieron una gran dimensión.
Paralelamente, el pedido de préstamos usurarios al FMI y a otros organismos incrementó enormemente una deuda ya ilegítima, pero que se volvió impagable para la Argentina. Sin embargo, fue poco lo que el pueblo pudo ver de esos miles de millones de dólares que rápidamente entraron en el circuito financiero y se fugaron al exterior. Esa deuda ilegítima y fraudulenta agrava nuestra dependencia y es una traba constante para la soberanía económica y política de nuestro país.
Indudablemente, el coronavirus está produciendo grandes cambios en el mundo. Pero lo que no ha cambiado es la disputa entre las grandes potencias y sus capitales monopólicos; y se ha agudizado particularmente la competencia entre Estados Unidos y China por el control de los mercados del mundo. A modo de ejemplo, China está intentando realizar una compra, “hostil” a las normas occidentales, de grandes compañías europeas en quiebra.
La producción de bienes y servicios se ha paralizado en las últimas semanas, arrojando pérdidas millonarias. Los que se mueven bajo la “lógica del mercado” están más preocupados por la “crisis de oferta y demanda”, que por el agravamiento de la desocupación y la miseria de millones de personas. Los grandes capitales pretenden que no se reduzcan sus ganancias y exigen “salvatajes” a los gobiernos. Vuelve a hacerse visible para las grandes mayorías –como sucedió en nuestro país en 2001– el papel de grandes usureros que cumplen los bancos. Y se evidencia, una vez más, que los manuales de supervivencia del capitalismo no vienen dando resultados.
En este contexto, los Estados nacionales adquieren una renovada importancia. El manejo de la producción propia en función de la emergencia sanitaria y el abastecimiento alimentario y farmacéutico, y la necesidad de otorgar subsidios económicos a millones de personas, en un contexto de enorme caída de la recaudación impositiva y con las fronteras cerradas –lo que impide la importación de insumos y productos acorde a la gravedad de la situación–, requieren medidas de gran excepcionalidad política.
En tal sentido, las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández han sido correctas y han significado un verdadero alivio para distintos sectores. No obstante, la grave crisis económica en la que nos adentramos no la puede pagar el pueblo. Sin un impuesto sobre las grandes fortunas, sin la prohibición de la evasión de capitales y el control de la actividad de los bancos, no será posible resolver la emergencia de vulnerabilidad sanitaria y alimentaria, especialmente de los más desposeídos.
Es indudable que con esta pandemia se producirán cambios en el mundo. Sin embargo, las grandes potencias imperialistas y los monopolios han sabido históricamente adaptarse a los nuevos y distintos escenarios, de modo que es ilusoria una transformación social, económica y cultural profunda como producto espontáneo de esta crisis. El cambio significativo a favor de las grandes mayorías, sistemáticamente perjudicadas, no será posible sin la organización y la participación activa y resuelta de los sectores populares y, junto a ellos, de los intelectuales, artistas, científicos y trabajadores de la cultura en general, comprometidos con la lucha por un mundo mejor.
Por eso, en estas condiciones, sin poder editar en papel nuestra revista, seguimos trabajando para que La Marea sea parte de ese cambio imprescindible.