Claudio Spiguel*
En el marco de la conmemoración del 17 de octubre, pueblada que movilizó a millones de trabajadores que reclamaban la libertad de Juan Domingo Perón y un rumbo que garantizara la justicia social en la Argentina, consideramos oportuno reproducir este trabajo de Claudio Spiguel presentado en instancias académicas y que nos permite reflexionar sobre la política social y económica que caracterizó al primer gobierno peronista.
Este artículo busca puntualizar y discutir los alcances y límites del impulso nacionalizador del primer gobierno peronista, de 1946 a 1949, plasmado jurídicamente en la Reforma constitucional de ese año. En el marco de específicas condiciones internacionales, se aborda también la relación entre la ideología y la puesta en práctica de aquel proyecto económico, sus variaciones en el tiempo y las características de la burguesía industrial argentina de la época.
El nacionalismo económico del proyecto peronista
Desde sus inicios, la propia conformación del peronismo como movimiento político, así como el triunfo político y electoral de Perón, estuvieron marcados por el conflicto con los Estados Unidos. La campaña del embajador Braden contra el gobierno militar surgido en 1943, y en particular contra Perón, campaña con la cual confluyó el accionar de toda la oposición –tanto la políticamente democrática como la oligárquica y conservadora– resultó en una clara intromisión de la potencia del Norte en la vida política nacional. En esas condiciones los sucesos de la movilización popular del 17 de octubre de 1945 y el singular respaldo obrero y popular logrado por el líder argentino plasmaron no sólo un movimiento de reivindicación de reformas sociales, de democratización política y de afirmación de la voluntad popular. También reflejaron una reacción antiimperialista de masas, que Perón capitalizó y que marcó profundamente el origen de su movimiento. Una reacción que más allá del repudio a la intromisión extranjera en los asuntos internos, brotaba del balance que gran parte de la sociedad había extraído de los años 30. Una década en la que la restauración conservadora en los marcos de la crisis mundial había otorgado una gran visibilidad a las relaciones de subordinación económica y política de la Argentina al capital y mercados extranjeros, en particular al Imperio británico.
Por otra parte, las políticas económica y exterior de los primeros gobiernos peronistas se postularon explícitamente como dirigidas a afirmar la independencia económica del país (una de las “tres banderas” del peronismo), en contraste con un pasado caracterizado por las relaciones de dependencia respecto de las grandes potencias.
Así, junto al componente de reformas sociales, en particular en beneficio de los asalariados, la consiguiente expansión del mercado interno y el impulso deliberado a la industrialización sustitutiva de importaciones, es decir el reformismo social y el industrialismo que sin duda caracterizaron al proyecto peronista y que aparecen frecuentemente como rasgos fundamentales del mismo en los estudios sobre el período, debe también tomarse en cuenta el nacionalismo económico, presente tanto en su doctrina como, en diverso grado y medida, en sus políticas económica y exterior. Este componente no siempre aparece incorporado al análisis del peronismo clásico (1946/55) en la mayor parte de la producción histórica, en particular en la historiografía económica, salvo en su dimensión ideológica o discursiva. Este componente de nacionalismo económico es el que nos proponemos analizar en estas páginas.1
Como es sabido, el proyecto económico del primer gobierno peronista buscaba afirmar la protección y expansión de la industria existente hasta convertirla en el sector hegemónico en la economía argentina, con el protagonismo del capital industrial nacional y el Estado, compatibilizando este objetivo con las conquistas obtenidas por los asalariados y el conjunto de reformas sociales a través de la expansión del mercado interno. El crecimiento de la industria había seguido el camino de la sustitución de importaciones como consecuencia primero de los efectos de la crisis mundial del 29 sobre la economía argentina, efectos luego potenciados por las condiciones, muy contradictorias, creadas por la Segunda Guerra Mundial (escasez de maquinarias e insumos y a la vez una amplificación de la protección espontánea para la producción local). Se habían multiplicado los establecimientos industriales y la población asalariada. Si en los primeros pasos determinantes de ese crecimiento industrial jugaron un papel central los sectores monopolistas de capital extranjero y grupos de grandes capitalistas locales asociados al mismo, lo cierto es que al finalizar la Segunda Guerra existía en la Argentina una amplia capa de burguesía media vinculada a las actividades industriales que reclamaba protección y fomento por parte del Estado.2 Es preciso tomar en cuenta además que en sus inicios el gobierno peronista pudo contar con ciertas condiciones económicas y políticas favorables, aunque con claroscuros, para el despliegue de esos objetivos: Acreencias argentinas de divisas, debido al dislocamiento del comercio internacional en tiempos de guerra; una fugaz coyuntura de tres años, en la inmediata posguerra, de buenos precios y demanda para los productos exportables argentinos, fruto de la destrucción de Europa y sus acrecentadas necesidades. Desde una perspectiva más abarcadora jugó su papel, favoreciendo los márgenes de maniobra gubernamentales, el debilitamiento económico y político de los vínculos de carácter dependiente con Gran Bretaña y las otras potencias de Europa, vínculos que habían sido hegemónicos en la economía y el poder en la historia anterior de la Argentina hasta ese momento.
En contraste, se deben tomar en cuenta también los aspectos desfavorables de las condiciones de la inmediata posguerra. El parque industrial argentino se encontraba descapitalizado, requiriendo imperiosamente bienes de capital que no se fabricaban en el país. Esto constituía un “cuello de botella” del proceso industrial fruto de la ausencia de una industria pesada y expresión del carácter dependiente de la Argentina en vías de industrialización. Por otro lado, el gran peso de EE.UU., nueva potencia hegemónica mundial, enfrentada al ascenso del peronismo. El país del Norte era el proveedor potencial de esos bienes, escasos y caros, sobre los que pesaban en la posguerra cuotas de exportación y restricciones. Esto relativizaba, analizando los términos del intercambio, los buenos precios que obtenía Argentina por sus exportaciones primarias en esos primeros años. A esto se agregaba la “escasez” de dólares, problema mundial y con incidencia particular en la Argentina, por cuyas exportaciones recibía divisas europeas inconvertibles, excepto el breve lapso de vigencia de la convertibilidad de la esterlina que se cerró a mediados de 1947. Por su parte, EE.UU. no compraba la producción argentina, se autoabastecía y pasó a competir activamente con ella en el mercado mundial de granos. Además, buena parte de las acreencias argentinas, fruto de la venta a crédito de carne a Gran Bretaña durante toda la guerra, no eran de libre disponibilidad: se encontraban “bloqueadas” en Londres, hecho que, como es sabido, condicionó todas las negociaciones bilaterales de esos primeros años, incluyendo la nacionalización de los ferrocarriles británicos.
Los Instrumentos de la política económica
Para llevar adelante sus objetivos, el gobierno peronista heredó los instrumentos del intervencionismo de Estado conservador de los años 30 (control de cambios, aranceles aduaneros, Juntas Reguladoras de la producción, estructura de tratados bilaterales de comercio), instrumentos que modificó y utilizó en función de los nuevos objetivos nacionalistas-industrialistas de su proyecto, implementando a su vez otros nuevos. Se sostuvo también en medidas adoptadas durante el régimen militar: reforma de las relaciones laborales, congelamiento de los arrendamientos rurales, creación del Banco de Crédito Industrial. Ya en marzo de 1946, la nacionalización del Banco Central, antes organismo mixto con participación de capitales financieros externos, brindó al gobierno el control estatal de todos los depósitos bancarios y restringió las operatorias tradicionales del capital financiero extranjero. También permitió orientar decisivamente el crédito y la fijación de tasas de interés favorable o de subsidio a la actividad industrial.
Por otra parte, junto con la repatriación de la deuda pública y los controles financieros y de las divisas, el nuevo gobierno proclamó la necesidad de evitar la toma de préstamos y el endeudamiento público externo.
Estos instrumentos fueron ampliados con una política de nacionalizaciones de servicios públicos y con el despliegue de una importante e inédita actividad empresaria del Estado como inversor en emprendimientos básicos.
El IAPI, la política agropecuaria y el comercio exterior
clave, entre otras cosas para control de las exportaciones
Con respecto a la actividad del Estado jugó un papel importante la operatoria del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que afectó sobre todo a las empresas trasnacionales exportadoras de cereales. Por medio de esa institución estatal se produjo una nacionalización parcial del comercio exterior, que fue una de las reformas más significativas de la política económica del primer peronismo. De modo similar a organismos estatales de compra de productos alimenticios que habían desarrollado los principales países beligerantes y que constituyeron verdaderos cárteles que eliminaron la competencia entre los compradores y regularon los precios del mercado, la Argentina creó su propio organismo estatal.3 Este virtual monopolio estatal de venta de las exportaciones primarias del país, que constituían la principal fuente de divisas con las que se financiaba el proceso de industrialización, absorbió las funciones de las Juntas Reguladoras de Granos y encaró la comercialización externa de las cosechas argentinas.4
El IAPI, se instituyó en principio como un área perteneciente al Banco Central, manejada directamente por Miguel Miranda, (hasta el ´47 presidente del Banco Central, luego poderoso superministro, presidente del Consejo Económico Nacional). El organismo pasó a ser el único comprador interno de los cereales y oleaginosas a los precios de adquisición fijados por el Estado. Destinaba en primer lugar una parte para el consumo interno, lo que contribuía a impedir la elevación de los precios de los alimentos (una política de precios relativos favorables a la industria) y luego procedía a la colocación de los saldos exportables.
En este último sentido, fue un poderoso instrumento de la política comercial externa del gobierno peronista, puesto que negociaba directamente con los representantes de las entidades estatales de los países compradores, en el marco de la política de tratados comerciales bilaterales. Esa estructura de tratados se desplegó en los marcos del agudo desequilibrio del mercado capitalista mundial. Aunque surgía en contradicción con los postulados del retorno al multilateralismo y al comercio libre por “canales privados” que, en forma teórica, preconizaban los EE.UU., que buscaban constituirse en el centro hegemónico mundial de una anunciada nueva era “global” de la posguerra, proyecto que rápidamente mostró sus límites.
Al mismo tiempo, en el mercado nacional el IAPI centralizó la compra a precio fijo de los productos agrícolas a los productores. Aún cuando ciertas cantidades de cereales se comerciaban por canales privados, lo fundamental se canalizaba a través del IAPI: las empresas exportadoras lo adquirían al IAPI al precio fijado y lo embarcaban.
Así mismo las oleaginosas eran comercializadas externamente en forma directa por el IAPI. Este compraba la materia prima y la destinaban al sector industrial para su procesamiento, para luego colocar el aceite en el mercado internacional.
En un principio, las exportaciones de carnes, cueros, grasas y sebos, fueron realizadas parcialmente por el Instituto, aunque tempranamente cesó su operatoria. Desde 1948/9 las exportaciones cárnicas pasaron a ser canalizadas directamente por los grandes frigoríficos norteamericanos y británicos. Esta retirada gubernamental configuraba una concesión al capital monopolista extranjero predominante en los frigoríficos. Estos constituían un eslabón clave de las relaciones tradicionales con Gran Bretaña, potencia que mantenía su gravitación como fundamental mercado comprador de carnes. Detrás de las concesiones a los frigoríficos se jugaron repetidas veces presiones conjuntas de británicos y norteamericanos (propietarios estos últimos de las firmas hegemónicas de la industria frigorífica e interesados en este rubro en particular en respaldar a Londres en las negociaciones comerciales con la Argentina). En el marco de las negociaciones del gobierno argentino con Estados Unidos, el embajador Messersmith buscó y obtuvo el compromiso de Perón de no nacionalización de los frigoríficos, tópico sobre el que existían reclamos del movimiento obrero y dentro del propio peronismo. En suma, con la desvinculación del IAPI de las exportaciones cárneas se manifestaba uno de los límites al nacionalismo económico del gobierno.5
Internamente la operatoria del IAPI, al constituirse en único comprador, produjo un debilitamiento pronunciado de los lazos que ataban al productor a la gruesa cadena de comercializadores e intermediarios, que tradicionalmente canalizaban la producción, y que culminaba en las grandes casas oligopólicas comercializadoras de cereales, en las que dominaba el capital extranjero.
Al mismo tiempo, al retribuir al productor con dinero argentino calculado al valor oficial, el atraso cambiario notorio de los comienzos del gobierno justicialista y las diferencias logradas en las negociaciones internacionales en aquella coyuntura inicial de buenos precios y demanda, permitían al Estado obtener recursos, una porción de super-ganancias extraordinarias que respaldaban su proyecto económico de expansión de la industria y de las actividades urbanas. Así, además de reducir la cadena de intermediación, afectaba los ingresos monopólicos que anteriormente detentaban los grandes oligopolios internacionales (Bunge, Dreyfus, De Ridder, La Plata Cereal) y sus subsidiarios locales. En este aspecto, con el rol del IAPI, se plasma el impulso nacionalizador del primer peronismo, en términos de restricción de las ganancias del gran capital extranjero o intermediario local vinculado a la agroexportación.
Por otro lado, al fijar un precio más bajo que el internacional en el mercado local afectaba en principio (también) al conjunto de proveedores; sin embargo, en el caso de los últimos eslabones de la cadena, los agricultores arrendatarios se veían compensados tanto por la reducción de las cadenas de intermediación que previamente les habían impuesto su poder de monopolio como por los otros aspectos de la política agraria peronista, en particular el congelamiento de los arriendos rurales y luego la nueva ley de arrendamientos y aparcerías del año 1948, que restringió la renta del suelo.
Así, aunque en un principio los diversos sectores del agro expresaron su descontento con respecto a la política de precios y el IAPI, posteriormente las organizaciones gremiales representativas de los chacareros y arrendatarios dejan de manifestar su oposición a la política del gobierno en conjunto con la Sociedad Rural, como lo registran los documentos diplomáticos norteamericanos. Por otra parte, a partir de la crisis económica del 49, el rol del IAPI se invertirá en cuanto a la política de precios, pasando a subsidiar al agro.6
Las medidas reformistas de la política agraria del peronismo, legitimadas por Perón con la formulación de que la tierra debía ser “un bien de producción y no de renta”, implicó una estabilización del arrendatario en su unidad de explotación y una reducción de la renta terrateniente, al amparo de la relativa inflación que acompañó el proceso de crecimiento industrial de la época. Ello contribuyó, en parte, a un proceso de parcial y relativa desconcentración de la propiedad, con la propietarización de un sector de los arrendatarios. Sin embargo, en el largo plazo, junto con la evaporación de planteos iniciales surgidos dentro del peronismo a favor de una reforma agraria efectiva que eliminara el monopolio de la tierra tradicional en el país, las medidas que limitaron las condiciones de percepción de la renta del suelo redundaron en una contracción de la oferta de tierras y una reacción de desinversión por parte de grandes propietarios terratenientes y compañías que, aún debilitados, seguían detentando dicho monopolio y eran claramente opositores al gobierno.
Este fenómeno se visualizó a fondo con la crisis de 1951-52, cuando las sequías operaron catalizando las tendencias antedichas, que por otra parte se inscribían en un horizonte ya presente de estancamiento agropecuario pampeano desde los años ´30. La impotencia de las reformas peronistas con respecto a las condiciones de producción en el agro, para liberar sus fuerzas productivas en beneficio tanto del mercado interno como de las exportaciones, sumada a la insuficiencia de la industria pesada para generar un desarrollo más autosostenido, estuvo en la base del problema de las “divisas” que condicionaron la emergencia de la crisis económica, (con la imposibilidad además de los valores acumulados en la industria para transformarse en medios de pago internacionales)
En síntesis, uno de los instrumentos que manifiestan los alcances y, a la larga, también los límites del nacionalismo reformista del primer peronismo fue el accionar del IAPI. Este fue objeto de una cerrada oposición de las grandes casas comercializadoras de cereales radicadas en el país y, en el exterior, por parte de los círculos del capital financiero, la prensa y los ámbitos gubernamentales de los Estados Unidos y de países europeos. A contramano de cómo operaban organismos similares en los países centrales o en otros países proveedores, la crítica de la diplomacia norteamericana y británica pretendía legitimarse en términos ideológicos en el principio teórico de que el comercio debía ser desarrollado a través de “canales privados” exclusivamente. En realidad, se defendían los intereses de las grandes compañías cerealeras trasnacionales, restringidas en su operatoria por el IAPI y se cuestionaba la activa política de defensa de los precios de venta que el Estado argentino en esos años desarrolló bajo la gestión de Miranda. Esta política, como ha demostrado Fodor, buscaba en realidad contrarrestar el pronunciado deterioro de los términos del intercambio que afectaba al sector externo argentino con referencia a los precios de bienes de equipo y materias primas escasas que la industria argentina requería agudamente para su expansión.7
Las Nacionalizaciones y el “estado empresario”: las consecuencias de su expansión
Otro aspecto significativo lo constituyó la política de nacionalizaciones de servicios públicos, que marcaron el “fin de la hegemonía británica” sobre la economía argentina.8
El repliegue del capital británico dio lugar a la decisiva nacionalización de los ferrocarriles: fue un proceso de negociaciones muy condicionadas por el importante rol comprador del mercado británico para las exportaciones argentinas y la existencia de las libras argentinas “bloqueadas” en Londres, fruto de las exportaciones de carne a crédito hechas durante la guerra. También jugó su papel en esos condicionamientos la política de Estados Unidos. Aunque los intereses norteamericanos procuraban desplazar al capital británico en el Río de la Plata, Washington buscaba que ello se produjera preservando a su socio principal en Europa.
Así, fruto de esos condicionamientos y de la propia línea reformista del gobierno, resultó un proceso de nacionalización negociado, con concesiones a los accionistas británicos en términos de precio, hechas por la Argentina para asegurar la afluencia de libras convertibles en el comercio bilateral (esto durante el breve período de vigencia de convertibilidad de la libra). Al mismo tiempo, la Argentina descartó la inicial propuesta de una compañía mixta que preservaría las posiciones británicas a costa de una inyección de capital por parte del Estado argentina. A la vez, la medida podía en manos del Estado argentino enormes activos, que incluían otros medios de transporte e instalaciones portuarias, que podían convertirse en una palanca fundamental para el desarrollo económico nacional. Por otra parte, otras nacionalizaciones afianzaron el curso “estatista”.
En gran parte como resultado de ese proceso, a fines de 1949 el stock de capital extranjero establecido en la Argentina apenas alcanzaba los 1.255 millones de dólares –un 5,4% del capital fijo total del país, menos de la mitad del nivel de 1945 (15, 4%)–. Se trata de estimaciones que solo toman en cuenta la inversión directa, no encubierta a través de asociaciones o prestanombres, pero de todas formas da cuenta de un proceso significativo.
Esta importante reducción de la presencia directa del capital extranjero instalado en el país había comenzado a producirse desde la guerra pero avanzó en estos primeros años del gobierno peronista, en un período de expansión de la inversión y de la producción, en particular industrial. Era la resultante no sólo del proceso, abierto con la guerra, de repliegue del capital europeo, predominante en el país hasta entonces, sino también del impulso nacionalizador del nuevo gobierno. La reducción afectó principalmente al capital británico: el mismo contaba en 1945 con el 53,3% del total de capital extranjero instalado y vio reducida su participación al 20%. La participación norteamericana también disminuyó en volumen aunque, en términos relativos al total del capital extranjero remanente, pasó por primera vez en la historia del país, a ser predominante.
En este aspecto, la reforma constitucional del año 1949 consagraba en el plano jurídico un proceso operado a lo largo de la década que se intensificó durante el primer gobierno peronista, con su impulso reformador. El artículo 40 de la nueva constitución reformada, además de facultar al Estado a intervenir en la economía y a monopolizar actividades económicas en función del interés general, postulaba la propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación sobre todas las fuentes naturales de energía y la propiedad y explotación estatal de los servicios públicos.
Fue un proceso que implicó un importante grado de nacionalización del aparato productivo, en contraste con los grados previos de control extranjero en el pasado argentino y también con la realidad de otros países dependientes.
La inversión extranjera
Por otra parte, respecto de la llegada de nuevas inversiones extranjeras, la política implementada por el gobierno no promovió, hasta el estallido de la crisis de 1951-52, la radicación de empresas foráneas. En particular, a partir de 1947, desde el retorno a la inconvertibilidad mundial de la libra esterlina y la agudización para la Argentina del problema de la “escasez de dólares”, se impusieron límites a la remisión de utilidades de las empresas extranjeras radicadas en el país (un 5% de ganancias anuales sobre el capital declarado). Esas restricciones, sumadas a las normas que regulaban el régimen de repatriación de capitales, desalentaron el arribo de nuevas inversiones, por lo cual y hasta la nueva ley de 1953, durante el segundo gobierno de Perón, en el movimiento de la inversión extranjera predominó la capitalización de ganancias. A fines de 1949, el stock de capital extranjero establecido en el país apenas alcanzaba los 1.255 millones de dólares, menos de la mitad del nivel de 1945. Por otra parte, durante la inmediata posguerra los flujos fundamentales de inversión norteamericana no se dirigían América Latina (a excepción del caso del petróleo de Venezuela) sino a Europa Occidental y Japón.9
El nacionalismo económico había implicado un avance importante sobre las empresas de propiedad extranjera, especialmente en el área de los servicios públicos e inversiones ligadas a la vieja estructura agro-exportadora, aunque, matizando ese cuadro y en el marco de esa pronunciada disminución cuantitativa, la presencia de capitales foráneos en los sectores monopolistas de la industria manufacturera y en algunos rubros como los frigoríficos y la energía eléctrica era, cualitativamente, significativa.
En cuanto a su origen nacional, como ya se ha mencionado el proceso de nacionalizaciones había contribuido a reducir la presencia de los capitales británicos, por lo que el capital estadounidense pasó a predominar relativamente, representando en 1949 el 26,1% de la inversión extranjera total (excluidos los títulos públicos), radicado sobre todo en diversas ramas industriales no tradicionales y en la industria de la carne.10
Otro rubro fue la política financiera internacional del gobierno peronista que complementaba el impulso nacionalista junto con la política comercial de la Argentina, con la operatoria estatal del IAPI y los convenios bilaterales, y el curso nacionalizador, proteccionista y “estatista”. En 1946 llegó a la Argentina una primera misión del Fondo Monetario Internacional para entrevistarse con Perón, quien encargó a un conjunto de técnicos el estudio de la propuesta de incorporación hecha a la Argentina: La adhesión fue descartada. Contrastando con Brasil, que participó de su creación y se incorporó oficialmente el 14 de enero de 1946, la Argentina se mantuvo fuera del FMI y del Banco Mundial durante toda la década peronista, e ingresó recién a los organismos financieros internacionales con la “Revolución Libertadora”, siendo la última república latinoamericana en adherirse. Perón declararía sobre el Fondo Monetario en su estilo campero que “se trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo”.11
Por otra parte, con la repatriación de la deuda pública y los controles financieros y de las divisas, el nuevo gobierno proclamaba la necesidad de evitar la toma de préstamos y el endeudamiento público externo, posición que mantuvo en términos generales hasta 1955.12
Nacionalismo y capitalismo de estado
Las nacionalizaciones del gobierno peronista tuvieron un amplio respaldo popular y se produjeron en el contexto de un intenso sentimiento y posicionamiento crítico, tanto en las filas del oficialismo como de una parte de la oposición, con respecto al papel del capital extranjero y a las relaciones de dependencia tradicionales del país: era un posicionamiento que surgía del balance social de la “década infame” de 1930, del régimen oligárquico y sus enormes concesiones al capital foráneo, así como del funcionamiento de los servicios públicos en manos de consorcios monopolistas extranjeros. La propia ala “intransigente” de la Unión Cívica Radical opositora defendía el nacionalismo económico y criticaba al gobierno peronista por lo que consideraban concesiones efectuadas al capital extranjero, desde el primer período.
Esta realidad política la reflejó con perspicacia en sus memorias el embajador James Bruce, embajador norteamericano desde mediados de 1947 hasta 1949: “la nacionalización de empresas de propiedad extranjera ‘esenciales para el bien del Estado’ ha tenido siempre un fuerte atractivo, como lo muestra la nueva constitución. Esta es la política de Perón, y también el ideal de una gran mayoría de argentinos, pro y anti Perón”, y alertaba: “aquellos argentinos que resienten la influencia de EEUU, Gran Bretaña y otros países extranjeros compraron la idea de que los extranjeros no cuentan con esa (influencia) en la Unión Soviética”.13
A las empresas nacionalizadas se debe agregar la expansión de la actividad empresaria del Estado como inversor en emprendimientos básicos. Por ejemplo, en la expansión de la flota mercante estatal y la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la creación de Aerolíneas Argentinas, la explotación de carbón, usinas eléctricas y otras obras de infraestructura, con la creación de Agua y Energía Eléctrica, empresas metalúrgicas y de otras ramas: Contó con las integradas en el complejo Dirección Nacional de Industrias del estado-DINIE-, con base en las empresas de propiedad enemiga confiscadas al final de la guerra, y que sirvieron de eslabón del complejo sidero-metalúrgico nacional, etc.14
Esta significativa ampliación resultante del “área estatal de la economía” o Capitalismo de Estado bajo el gobierno peronista, sumada a la disminución de la presencia directa del capital extranjero instalado en el país -fundamentalmente el vinculado al aprovechamiento de la vieja estructura agro-exportadora- y conjugada con el avance de la industrialización sustitutiva mercado-internista modificaron parcialmente el funcionamiento de la economía argentina y su inserción internacional, condicionando en diversos planos el proceso económico y social de las dos décadas siguientes, hasta la última dictadura instaurada en 1976 y las hondas transformaciones regresivas que provocó.
La significación y consecuencias de esa ampliación de la propiedad e inversión estatal en el proceso argentino de aquellos años requiere ciertas precisiones históricas y conceptuales, vinculadas al carácter dependiente de la formación económica y social del país. En las economías capitalistas, consideradas en general, la inversión estatal y el funcionamiento de empresas estatales apuntan a satisfacer condiciones y necesidades generales de funcionamiento de la economía y la sociedad en beneficio del proceso de valorización y acumulación de capital. En determinadas condiciones, períodos históricos y actividades, ante la imposibilidad o la inconveniencia para el capital privado de hacerse cargo de esos emprendimientos, el Estado opera como “capitalista colectivo ideal”, en beneficio del proceso general de la acumulación y de los intereses de la burguesía del país. Esta intervención del Estado como “empresario” es aún más necesaria y evidente en la etapa monopolista del capitalismo en la cual, en diverso grado según períodos y países, el Capitalismo de Estado es una realidad en todas las economías capitalistas desarrolladas, un eslabón fundamental de una cadena única en que se entrelazan actividad estatal y empresa privada, en beneficio de la burguesía monopolista.15 En la inmediata posguerra, por ejemplo, el Capitalismo de Estado se expandió en Europa Occidental, debido a las consecuencias de la guerra, la debilidad de las burguesías y las necesidades de la reconstrucción. 16
En este sentido la expansión del área capitalista de Estado en la Argentina de la época, considerada en abstracción de las especificidades de la formación económico-social del país, de su carácter de país dependiente, aparece respondiendo a una necesidad idéntica: garantizar condiciones para la valorización y acumulación del capital. Sin embargo, de un análisis más concreto y específico se desprende que la poderosa expansión del “área estatal de la economía” en la Argentina de los años 40, al operarse sobre la base de la disminución de la presencia directa del capital extranjero, en contradicción con el carácter dependiente de la estructura económica y social argentina y de su inserción tradicional en el sistema internacional, implicaba al igual que otros procesos similares, anteriores y posteriores en América Latina, no solo una “estatización” en general, sino en particular una parcial “nacionalización”, en el sentido de la reducción de los grados de control por parte del capital extranjero de ramas y servicios claves. En la medida en que la política económica y sus reformas apuntaba con la expansión de la industria, a beneficiar a la burguesía industrial, en particular a la de capital nacional, histórica y económicamente débil frente al capital monopolista extranjero y sus intermediarios y socios oligárquicos, el funcionamiento del “área estatal de la economía” en rubros claves podía constituirse en palanca decisiva para su propia acumulación. Así el grado y envergadura de las nacionalizaciones y expansión de la actividad estatal, debe vincularse al conjunto de la política económica, que reflejaba el carácter nacionalista-industrialista de lo esencial de las reformas promovidas por aquel gobierno.17
Por otro lado, como lo probó el golpe militar de 1955 que derrocó al gobierno peronista, en el largo plazo el Estado se conservó como instrumento de reproducción de los intereses dominantes tradicionales en la sociedad argentina. En esas condiciones el “área estatal de la economía” comenzó a ser reducida y descapitalizada por la mayoría de los gobiernos y dictaduras posteriores, y por el otro, su función esencial, hasta las privatizaciones de los años 90, no radicó ya en crear condiciones para la expansión del capital y la burguesía industrial nacional.
Por el contrario, con las políticas “desarrollistas”, de distinto signo, de industrialización a través de la captación de inversión extranjera, hasta la década del 70 el área capitalista de Estado operaría como palanca para la acumulación del capital monopolista extranjero y de grandes grupos capitalistas intermediarios y asociados al capital financiero imperialista de distintas potencias: Esto sucedió a partir del control y utilización de las empresas estatales a favor de grandes empresas contratistas, proveedoras y receptoras de privilegios monopólicos y subsidios. Así, luego del derrocamiento del gobierno peronista, la inestabilidad política y la sucesión de golpes de Estado, que encuentran sus raíces en la agudización de las contradicciones sociales fundamentales, tuvieron también como trasfondo la lucha por el control del gobierno entre distintas camarillas civiles y militares y reflejó crecientemente la rivalidad entre distintas fracciones de las clases dominantes asociadas a distintos intereses imperialistas. Esas pugnas tuvieron precisamente como uno de sus factores motivantes la consecución del predominio de otra corriente en el control de las empresas estatales y su utilización para potenciar por la vía “burocrática” la acumulación de intereses extranjeros rivales a través de grupos económicos intermediarios y socios oligárquicos.18
A partir de 1976, con la dictadura videlista, las empresas estatales fueron utilizadas para potenciar la toma de préstamos y el endeudamiento público, no en función de su propia lógica empresaria sino al servicio de la especulación financiera y la “fuga de capitales”. El resultado fue una pronunciada descapitalización, desguace e “ineficiencia” de las empresas estatales, hechos que serían utilizados por la prédica neoliberal para la creación de opinión pública a favor de las privatizaciones-extranjerizaciones directas de los años 90, con las consecuencias conocidas.
Los límites del impulso nacionalizador
En suma, la expansión de las nacionalizaciones afectó la operatoria del antiguo capital extranjero (sobre todo británico) vinculado a la economía agro-exportadora y al capital bancario, restringió la operatoria de los grandes oligopolios comercializadores de cereales, limitó, en condiciones de escasez de divisas, las condiciones para la remisión de dividendos al exterior, redujo al mínimo los flujos financieros al exterior. Sin embargo no cuestionó ni en la práctica ni en sus postulados doctrinarios al capital extranjero invertido en la industria manufacturera, donde pese al importante peso de los empresarios nacionales, contaba con posiciones monopólicas de envergadura.
Por el contrario, desde la perspectiva del proyecto industrial esbozado y de los actores económicos en que se sustentaba, contemplar el “aporte” del capital extranjero –en tanto fuera regulado y orientado en beneficio de los objetivos del Estado como lo plantearía explícitamente, en una segunda etapa de repliegue y apertura negociadora, la ley de inversiones extranjeras del año 1953– era un elemento de política económica que el gobierno peronista consideró siempre y buscó activamente poner en práctica luego de la crisis económica de 1951-1952.
Ya hemos mencionado también los límites de la política nacionalizadora respecto de los grandes frigoríficos exportadores, en los que predominaba desde antes el capital norteamericano. Por el otro lado, y contrastando con el caso de otros servicios públicos, una rubro fundamental que permaneció en manos extranjeras fue la electricidad del Gran Buenos Aires, provista por la Compañía Argentina de Electricidad (CADE), originada a principios de siglo en inversiones alemanas y luego sucursal de un holding internacional con sede en Bélgica, pero donde se entrelazaban diversos capitales, norteamericanos y alemanes.19
Perón solía distinguir entre un capital extranjero “parasitario”, que asociaba a la estructura agroexportadora tradicional del país, y un capital extranjero “productivo”, que afirmaba podría contribuir, con la regulación y orientación del Estado, a la ampliación del aparato industrial local, al que concebía como eje rector del desenvolvimiento económico nacional. “[…] El aporte de capitales resulta un factor beneficioso para las naciones infraevolucionadas, a condición de que […] sean de buena fe. Porque así como la penetración humana de grupos inadaptables o minorías invasoras son un peligro y una rémora para los países, la incorporación de capitales de especulación, explotación o colonización es un peligro y constituye un azote para la economía de los países en formación.”
Respecto del capital “parasitario”, al que cuestionaba, agregaba: “[…] La mayoría de los consorcios capitalistas que actuaron en el país, con la complacencia culposa de los gobiernos, fueron empresas que realizaron maniobras especulativas con grave quebranto para la economía de la nación. Algunas ingresaron al país con diez o veinte millones de pesos de capital, se instalaron y luego recibieron créditos de los bancos argentinos por cien millones de pesos. Así, con el aporte de este dinero argentino, giraron utilidades sin límites a su país de origen, sobre los ciento diez o ciento veinte millones del total capitalizado. Era una manera inicua de descapitalizarnos, utilizando nuestro propio dinero, mediante el recurso del crédito y con el cuento del ‘aporte de capitales extranjeros’ […]”.20
Esta distinción conceptual entre dos tipos de capitales extranjeros se articulaba con las características del proyecto económico implementado y con las ideas predominantes en sectores de la burguesía industrial nacional que reclamaban protección y divisas para importar bienes de capital, contemplando que si la economía era incapaz de obtenerlas por la vía de las exportaciones, podía apelarse a la inversión extranjera para solucionar ese cuello de botella y avanzar en otros nudos de la industrialización por sustitución de importaciones: (Así lo plantea el informe de la propia Confederación General Económica, central representativa en ese período de los empresarios nacionales expandidos bajo la gestión peronista, de una misión a los EEUU en 1954.21 Se trata de lo que podría denominarse una tendencia a la adaptación “desarrollista” en la burguesía industrial, correlativa de los límites que la estructura dependiente y latifundista del país aún imponía, pese a las reformas peronistas, al desarrollo productivo y a la movilización del ahorro nacional por el Estado requerida para nuevas inversiones en industria pesada. Eran límites que se manifestaron en la crisis de 1951-1952 con virulencia y marcaron obstáculos difíciles de superar para las reformas nacional-industrialistas, desde la perspectiva gradualista basada en la ideología de conciliación de clases que predicaba el movimiento político gobernante, y también dado el corto aliento transformador en general del empresariado nacional en el que se apoyaba la política económica. Un “cortoplacismo” de ese sector social, como aparece en los análisis económicos sobre la industria argentina, que estuvo determinado por su ubicación intermedia en la estructura social argentina y por su propia historia. Un sector social constreñido históricamente por la dependencia y el monopolio de la tierra, que marcó los límites de su potencialidad nacionalista, en aquel período que fue la “época de oro” de la burguesía industrial nacional.22
En ese sentido, aunque el fenómeno del peronismo histórico y su gobierno abarca múltiples facetas históricas, sociales y culturales, su política económica estuvo condicionada estrechamente por las vicisitudes de ese sector social y pueden interpretarse los alcances y límites de las reformas económicas nacionalistas del gobierno como simétricas y correlativas a los alcances y los límites del nacionalismo empresario de la época. El proyecto económico del peronismo se basó en la extensión de la industrialización sustitutiva en general, sobre la base de la protección del Estado y de la expansión del mercado interno, a través de una pronunciada redistribución del ingreso a favor de los asalariados y la industria. Del conjunto de los hechos de la política económica y de sus formulaciones discursivas puede determinarse que apuntaba, a grandes rasgos, a lograr la protección y expansión de la industria existente hasta convertirla en el sector hegemónico en la economía, con el protagonismo del capital industrial nacional y el Estado, secundarizando al capital extranjero y a la clase terrateniente, evitando conmociones revolucionarias y compatibilizando la búsqueda de la hegemonía económica para la burguesía nacional industrialista con las conquistas obtenidas por los asalariados y el conjunto de reformas sociales implementadas por el gobierno, a través de la expansión del mercado interno. Fracasó en ese objetivo y el gobierno fue derrocado.
Las percepciones de la diplomacia norteamericana frente al proceso de industrialización y el nacionalismo peronista
Luego del ascenso de Perón a la presidencia en 1946, una línea dentro de la diplomacia norteamericana buscó aprovechar las dificultades del gobierno para obtener divisas y movilizar el ahorro nacional en función de inversiones en la industria pesada, impulsando una estrategia negociadora con la Argentina con el objetivo de capitalizar las oportunidades del proceso de industrialización para los proveedores e inversores norteamericanos, desplazando definitivamente la influencia británica y europea. Fue la estrategia inicial del primer embajador, G. Messersmith (que reemplazó a S. Braden que había protagonizado el enfrentamiento en 1945). En octubre del ´46, ya informaba al Departamento de Estado que el plan industrialista del nuevo gobierno se llevaría adelante y sugería que sería de interés de EEUU participar como proveedor.23 Esa línea de acción de la diplomacia norteamericana se reeditaría con fuerza más tarde a partir de 1953 en la etapa de repliegue y adaptación del gobierno peronista a los límites impuestos por la crisis de 1951-1952.
Messersmith cultivó estrechas relaciones con el Presidente con el objetivo de influir sobre el gobierno para que orientara sus propósitos industrialistas de un modo compatible con los intereses norteamericanos, limitando su “estatismo” y abdicando del nacionalismo económico “autárquico y egoísta”, como lo calificaban los funcionarios y representantes de Gran Bretaña y EE.UU.
Aunque reconocía la gravitación de los partidarios del nacionalismo económico encarnados en la figura de Miguel Miranda, (presidente del banco Central y del IAPI) el embajador estadounidense buscó apelar al “pragmatismo” presidencial, contando con la necesidad argentina de las importaciones norteamericanas, de modo de impulsarlo a moderar el “estatismo” nacionalista en aras del “multilateralismo” y una política económica más “libre-empresista”. Messersmith, como muchos funcionarios norteamericanos, aunque se oponían a las tendencias “estatistas”, promotoras del nacionalismo “autárquico” que, aseguraban, sólo podría generar industrias “ineficientes” y poco “sólidas”, partían de que un cierto desarrollo industrial y una diversificación productiva en América Latina fortalecería la influencia económica norteamericana, impulsando las exportaciones y la inversión de sus capitales, contemplando para ello el apoyo y la acción estatal en esa dirección.
Durante su gestión como embajador, defendió la posibilidad de orientar al gobierno argentino en ese sentido. El embajador hacía notar a sus superiores que el rumbo “estatizante” tendiente a la nacionalización en rubros claves reflejaba una tendencia mundial extendida, incluso de gobiernos “moderados”. Un argumento que también solía utilizar Perón en la defensa de su política económica, alegando el ejemplo del gobierno laborista de Gran Bretaña y sus amplias nacionalizaciones frente a los críticos “libre empresitas”. En ciertas oportunidades, ante las objeciones de los diplomáticos frente a la expansión de las nacionalizaciones, el presidente argentino solía alegar que se trataba a veces de medidas tomadas por funcionarios nacionalistas “extremos” o por autoridades provinciales como era el caso de compañías eléctricas, frente a los cuales el gobierno nacional, aseguraba, actuaba como moderador.24
Más allá de las modalidades tácticas de ambas partes en las conversaciones sobre la perspectiva de las relaciones económicas argentino-norteamericanas, Messersmith buscaba apoyarse en los aspectos del pensamiento de Perón que podían favorecer sus objetivos.
De todas formas, y pese a esta arista de la política económica peronista y de las concepciones sobre las que procuraba apoyarse el embajador norteamericano para obtener concesiones, considerada de conjunto el desarrollo de la política económica del gobierno argentino entraba en conflicto con los intereses empresarios norteamericanos y las políticas económicas que Washington defendía y propiciaba para América Latina y los países dependientes –aunque no en Europa y su propio país-. No se trataba sólo de principios ideológicos en materia económica. Las compañías americanas y el establishment de EEUU criticaban el nacionalismo económico del gobierno.
Las tácticas de los diplomáticos estadounidenses a partir de entonces apuntaban a objetivos de carácter económico y político: capitalizando las dificultades económicas y financieras en el sector externo argentino, cada vez más graves a partir de mediados de 1947, buscaban hacer abdicar progresivamente al gobierno peronista de su política económica, apuntando al fracaso y desplazamiento del superministro Miranda y los nacionalistas que consideraban “extremistas” y buscando influir en Perón a través de los considerados “moderados” y partidarios de la conciliación.
Un Informe de Inteligencia del Departamento de Estado de mediados de 1948 fundamentaba esa estrategia y sus blancos: “Los nacionalistas a ultranza, máximos responsables de que el gobierno argentino no llegara a un arreglo con las compañías petroleras extranjeras, estuvieron en desacuerdo con Miranda, a quien se considera el arbitro final en cuestiones de política económica y quien presuntamente favorecería las inversiones estadounidenses. Sin embargo, Miranda, pese a su adhesión teórica a favor de la empresa privada, también ha hecho mucho para desalentar a los inversores estadounidenses. La gran expansión del IAPI (blanco de los ataques de los nacionalistas como un foco de coimas y corrupción) fue reduciendo gran parte del negocio de esas compañías que operaban en la Argentina. Mientras que Miranda ampliaba el ámbito de su gestión hasta abarcar una amplia gama de importaciones, y también casi todas las exportaciones. Sin embargo, las políticas adoptadas por Miranda para resolver situaciones de emergencia y poder manejar la economía a su manera, tales como la de limitar el envío de remesas al exterior, desalentaron a las empresas extranjeras. Además, al ver que su programa era atacado, y al igual que los nacionalistas, culpó abiertamente a los Estados Unidos por la situación en que se encontraba la Argentina e insistió en que ésta estaba en condiciones de lograr su propia salvación sin la ayuda de ellos”.
En última instancia, concluía: “Si el gobierno es incapaz de pagar por su industrialización con dólares obtenidos libremente, por su cuenta, como aparentemente había previsto hacerlo, debe pagarlo en concesiones y garantías para las compañías norteamericanas […] Pero estas concesiones a los inversores extranjeros involucran un cambio en la naturaleza de la política argentina, exterior e interna, tal como la desarrolla el actual gobierno”.25
Esta última consideración estratégica ilustra con crudeza tanto las percepciones y la política general de Estados Unidos frente al gobierno peronista como también los límites de las reformas nacionalistas, límites en los que se apoyaría el accionar de Washington, y más en general el de los capitales extranjero y de sus socios internos durante los años 50, particularmente a partir de la crisis de 1951-52.
También la estrategia esbozada por los funcionarios norteamericanos permite comprender por qué la embrionaria adaptación “desarrollista” del empresariado nacional y del gobierno en la década del 50, ya señalada, se revelaría a la larga ilusoria : finalmente fracasaría la voluntad del segundo gobierno peronista de conciliar condiciones atractivas para la inversión extranjera con regulación estatal al servicio de la protección del mercado interno y el capital nacional y del logro de mayores avances en un desarrollo autosostenido de la economía, (esos eran los propósitos declarados del gobierno peronista al implementar a partir de 1953 la nueva ley de inversiones extranjeras y abrir las negociaciones petroleras con la Standard Oil).
Con posterioridad al golpe de Estado de 1955 y en los años 60, con la implementación plena de las estrategias desarrollistas se revelaría la medida en que la penetración del capital extranjero en la industria y su asociación con grandes grupos monopolistas de gran burguesía intermediaria socavarían de conjunto el peso alcanzado por el capital nacional y el mercado interno y agudizarían la “vulnerabilidad externa” de la economía argentina. Fue el proceso de la “industrialización dependiente”.
Pero el fracaso de las tácticas conciliadoras con respecto al capital extranjero implementadas por el gobierno peronista en su segundo gobierno no se manifestó tanto en el plano económico como en la evolución dela correlación de fuerzas sociales y en el plano político: El golpe de Estado de 1955 puso de manifiesto que, pese al importante grado de control que el peronismo, (en tanto movimiento representativo de intereses sociales heterogéneos a las élites” tradicionales), llegó a tener sobre sectores claves del aparato estatal y pese al importante peso alcanzado por el nacionalismo industrial, incluyendo a las Fuerzas Armadas, a la hora decisiva el Estado argentino respondió a su esencia histórica de instrumento de los sectores dominantes tradicionales. De allí, que pese al debilitamiento, durante aquella década de la posguerra, de los vínculos de dependencia que ataban a la economía argentina a las grandes potencias, de la importante expansión de la industria nacional y de las nacionalizaciones, con la correlativa disminución de la presencia directa del capital extranjero en la estructura económica argentina, en esa coyuntura se manifestara dramáticamente un elemento estructural que caracteriza los vínculos de carácter dependiente de la Argentina: a diferencia de las sociedades coloniales, la dependencia, es decir el predominio del capital extranjero y a través del mismo, los vínculos con las grandes potencias, se vehiculiza principalmente a través de la asociación subordinada de las clases dominantes locales: terratenientes y sectores de gran burguesía intermediaria local.26
Notas:
1 Este trabajo forma parte de las actividades del proyecto UBACyT (2011-2014) 01/W644 “Los grupos de poder económico y la cuestión de la dependencia en la Argentina. Proceso histórico y enfoques teóricos”, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.
2 Ciafardini, Horacio. “La Argentina en el mercado mundial contemporáneo”, en Crisis, inflación y desindustrialización en la Argentina dependiente, Ed. Ágora, Buenos Aires, p.43-44.
3 Por otra parte otros proveedores mundiales de alimentos también los implementaron, como Canadá, Australia y los EEUU.
4 Sobre el IAPI, ver Novick, Susana, IAPI, auge y decadencia, CEAL, Buenos Aires, 1986.; Rapoport, M. Historia Económica, Política y Social de la Argentina. Ariel, Bs. As., 2005, págs. 354-357.
5 Ver para las negociaciones argentino-norteamericanas Rapoport, M. y Spiguel, C. Relaciones Tumultuosas, Los Estados Unidos y el primer peronismo. Emecé, Buenos Aires, 2009, pág. 221.
6 Ciafardini, Horacio. “La Argentina en el mercado mundial contemporáneo”. Op. cit., pp.
7 La política de precios de Miranda era, desde ya, criticada cerradamente por el establishment y el gobierno británico pero también fue uno de los elementos críticos en las negociaciones argentino-norteamericanas, en tanto y en cuanto una de las prioridades de EE.UU. era garantizar el abastecimiento barato a la Europa capitalista y en particular a su principal aliado, el Reino Unido, en pos de la reconstrucción de la posguerra y de las prioridades estratégicas de la “contención del comunismo”. Ver Fodor, J., “Perón´s policies for agricultural exports, 1946-1948: dogmatism or common sense?” en Rock, David (ed.). Argentina in the Twentieth Century, University of Pittsburgh Press, Pisttsburgh, 1975; Fodor, J. “Argentina´s Nationalism: myth or reality”. En Di Tella, G. y Dornbusch, R. The political economy of Argentina, 1946-198. Macmillan, Londres, 1989.
8 Ver Skupch, Pedro, “El deterioro y fin de la hegemonía británica sobre la economía argentina 1914-1947” en Panaia, M.; Lesser, R. y Skupch, P.; Estudios sobre los orígenes del peronismo /2, Siglo XXI, Buenos Aires, 1975; y del mismo autor “La crisis externa británica de 1947, el Plan Marshall y la Argentina, XXI Jornadas de Historia Económica, Caseros (Buenos Aires), 2008.
9 Rapoport, M y Zaiat, A., Historia de la Economía argentina.,(2008), págs. 291-303
10 En 1955, alcanzaría el 30% del total del capital extranjero, a la vez que crecería la presencia en los años 50 del capital francés, alemán e italiano, con la llegada de nuevas inversiones. Ver Rapoport, M. y Zaiat, A., Historia de la Economía Argentina del Siglo XX, Pagina 12, Buenos Aires, 2008, págs.291-300; las cifras en su totalidad han sido extraídas de Esteban, Juan C., Imperialismo y Desarrollo Económico, Ed. Palestra, Buenos Aires, 1961, págs. 71 y 79-83.
11 Para una historia de las relaciones argentinas con el FMI. Ver Brenta, Noemí, Argentina atrapada. Historia de las relaciones con el FMI, 1956-2006, Ed. Cooperativas, Buenos Aires, 2008.
12 En un contexto de negociaciones argentino-norteamericanas y ante los primeros signos de la crisis argentina que se manifestaron en 1949, la Argentina aceptó en 1950 un crédito del Exim-Bank por $125 millones de dólares. Fue un crédito comercial destinado a saldar deudas comerciales pendientes con exportadores norteamericanos, y a reeditar el flujo de importaciones norteamericanas requerida por la industria. Tomado por un conjunto de bancos oficiales y privados, con garantía del Banco central, y presentado por el gobierno como mero instrumento de comercio, fue criticado por la oposición como una claudicación respecto de los postulados invocados en su momento por el gobierno en materia de préstamos internacionales . Ver Rapoport, M. y Spiguel, C, Relaciones Tumultuosas op. cit. pp.324-325.
13 Bruce, J, Those perplexing Argentines, Longman, New York, pág 294, 1953.
14 Ver, para el origen del DINIE, Harispuru, A., Gilbert, J. Regalsky, A., “La junta de Vigilancia, el Estado y la propiedad enemiga” en Ciclos en la historia, la economía y la sociedad, Nº 19, Buenos Aires, 1er. semestre de 2000.
15 Considerado históricamente, el Estado siempre “interviene”; lo que cambia son sus modalidades y áreas de “intervención”.
16 En tiempos de crisis como en el presente, los Estados de las grandes potencias se hacen cargo de empresas gigantescas para salvarlas de la ruina, en beneficio también del funcionamiento de la economía capitalista y de los intereses de uno u otro sector de la clase dominante.
17 Este encuadre es fundamental pues en los países dependientes y en la Argentina en particular también habían existido y existirían “estatizaciones” operadas, como en los años 30, no en desmedro sino a favor del salvataje de intereses extranjeros y sus socios e intermediarios locales, amenazados de quiebra.
18 Ver Rapoport, M. y Spiguel, C., “ Modelos económicos, regímenes políticos y política exterior” en Sombra Saraiva, J. F (Ed.). Political Regimes and Foreign Policies: A comparative approach, Instituto Brasileiro de RelaVoes Internacionais, Brasilia, 2003
19 La investigación de sus operatorias ilícitas en los años 30, realizada durante el gobierno militar instaurado en 1943 (Informe Rodríguez Conde) fue archivada, sin embargo, por el gobierno de Perón, contrastando el caso con el de la nacionalización de usinas eléctricas de la American Foreign Power, (ANSEC) en el interior del país, que dio lugar a litigios posteriores y estuvieron presentes en la agenda diplomática de las relaciones con los EEUU. La CADE no fue afectada y conservó posiciones, presionando y obteniendo del Estado subsidios, etc, aun cuando en la materia el gobierno a través de la expansión de Agua y Energía Eléctrica y planes de inversiones estatales en usinas y de diversificación de la matriz energética nacional pareció adoptar una “estrategia indirecta” con respecto a la CADE. Ver Araujo, R, Perón y la CADE, Ed. Punto de Encuentro, Buenos Aires, 2009.
Ver Rapoport, M., op.cit., Historia económica… (2005), págs. 340-341.
20 Descartes (Juan Domingo Perón), Política y Estrategia, pp. 15-21, 11 de enero de 1952.
21 Ver Rapoport, M. y Spiguel, C., Relaciones Tumultuosas…, pp.378-379.
22 Spiguel, C., “de la Independencia a la dependencia”, en Mateu, C., Argentina en el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Historia y perspectivas, Ed. La Marea, Buenos Aires, 2010, pp. 12-56
23 Messersmith a Clayton, USNA, DS 835.50/ 10-2146. Esta orientación del embajador apoyaba el interés, en esta etapa inicial, de los exportadores norteamericanos y también de empresas norteamericanos que buscaban lograr convenios con el Estado argentino para la construcción de una planta siderúrgica (Bettlehem Steel), de fundición de cobre (Allis Chalmers), de ensamblado de automóviles y camiones (Kaiser) o la explotación petrolera (Standard Oil), propuestas que no se concretaron .Más tarde , en la década del 50 se reeditaría el interés de empresas norteamericanas como la Kaiser para invertir en la Argentina aprovechando su expandido mercado interno.
24 Messersmith a Byrnes 30/10/1946, Messersmith papers 1814.
25 “Argentine Foreign Policy” OIR N° 4714,USNA, DS. 1948
26 Ver Spiguel, C., “De la Independencia a la dependencia”, op.cit., pp.30-36 y también «La dependencia argentina y sus bases sociales internas: Una evaluación historiográfica en torno a la gran burguesía intermediaria del capital extranjero.» Ariadna Tucma Revista Latinoamericana. Nº 7. Marzo 2012-Febrero 2013, Volumen II.
* Claudio Spiguel fue Profesor de Historia Económica y Social Argentina, Investigador en Historia de las Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. (1953-2019).
.
Perón, sinfonía del sentimiento es una película documental dirigida por Leonardo Favio, autor de películas señeras en la historia del cine argentino como “Crónica de un niño solo” y “El romance de la Aniceto y la Francisca”. En esta obra sobre el peronismo, Favio recuperó y editó más de 120 horas de material fílmico nacional e internacional sobre el peronismo. La cinta tenía cinco horas de duración con material documental inédito introduce, imágenes, dibujos y música que confirman el sentimiento del director como militante popular. Favio decidió estrenarlo gratuitamente en el 2000. La primera parte del film inicia en 1916 con el gobierno de Yrigoyen y la Primera Guerra Mundial, siguiendo el crecimiento político de J. D. Perón hasta la renuncia de Eva Perón a la Vicepresidencia en 1951.
