Escribe Josefina Racedo
«De indios sometidos, esclavizados a peones explotados, convertidos en obreros que luchan por su salario”, sintetiza la autora al reconstruir el itinerario de esas comunidades originarias, valorizando una historia milenaria que el Estado sistemáticamente trató de hacer desaparecer.
Breve orientación de la existencia de comunidades originarias en la provincia
El actual territorio de Tucumán ha estado poblado desde hace milenios. Quizá en algunos periodos hubo ausencia de continuidad poblacional, de desarrollos sociales, económicos, políticos y culturales en el actual territorio tucumano, pero las evidencias muestran, en el ambiente, presencias e incidencias de diversos pueblos; aspectos que están en estudio por arqueólogos, historiadores y antropólogos.
Para comprender y analizar el presente, la indagación profunda en los procesos históricos es esencial, con más razón en el caso de las comunidades denominadas hoy originarias, secularmente negadas, cuando no distorsionadas, denostadas y convertidas en víctimas por la opresión y la concepción ideológica ejercida sistemáticamente sobre estos pueblos. De allí la necesidad de reconocer las condiciones previas a las sucesivas conquistas de dominación que sufrieron. Entendiendo por conquistas los avances y sometimientos producidos por el imperio incaico en su fase de expansión sur, a partir de mediados del siglo XV, y desde 1543, la entrada, conquista y colonización española.
El territorio de la provincia de Tucumán actual mostraba, antes de la llegada de los conquistadores, una distribución desigual de los pobladores. Las investigaciones, tanto arqueológicas como históricas se han concentrado en la zona montañosa y valles del Norte al Sur. La llanura hacia el Este, que se continúa con la santiagueña, aporta pocos datos, lo que no quiere decir que no hubiera en esa región poblamientos en esos períodos previos a los que hacemos referencia.
La ubicación de grandes estancias jesuíticas en la zona de llanura pedemontana, como Lules y La Reducción, si bien, como todas las fundadas por esta orden, tuvieron objetivos económicos, no arrojan, hasta hoy, datos exhaustivos de la procedencia de los grupos reducidos, sólo hablan de la procedencia, de la mayoría, del Pueblo Lule. Al contrario, la compra y explotación de los Potreros del Valle de Tafingasta por los jesuitas en 1716, muestra claramente que la población adjudicada junto a las tierras era de Valle de Tafí y quizá de otras cercanas a las altas cumbres calchaquíes.
El Valle Calchaquí, flanqueado de altas cumbres es al Este y al Oeste, una continuidad fitogeográfica de más de 250 kilómetros de largo, de los que sólo 49 kilómetros se inscriben en el territorio actual tucumano. Estos pueblos, además, se encontraban condicionados por el desarrollo social, económico, cultural y político, primero del incario y luego de los españoles.
Más allá de los propósitos, desde las versiones oficiales de la historia, de suavizar el dominio inca en nuestra región aseverando la aceptación pacífica de los invasores, existen pruebas en contrario como los pucaras, Ciudacita, las Ruinas del Chincal y numerosos restos defensivos. La conquista por los españoles no ha podido avanzar, en esa misma intención, ante las evidencias registradas por sus mismas crónicas que reconocen la fuerte oposición, resistencia y lucha denodada por cerca de 130 años, desde 1550, en contra de los intentos de fundaciones y apropiación de los territorios indígenas del Valle Calchaquí. El año 1669 marca el fin de esa resistencia por la derrota sangrienta y la creación de encomiendas y pueblos españoles. Lo que supuso nuevos nombres, evangelización, nuevos métodos de trabajo, imposición de lenguas (primero quechua y luego español), nuevo orden social, político, económico y cultural. Destrucción cuando no desarticulación de vidas, historias, destinos.
El extrañamiento de los pueblos, luego de las guerras defensivas de 1630 a 1669, fue una práctica que se instaló en las encomiendas con algunas variantes. Distribución y envío de grupos derrotados a diferentes poblaciones españolas, en el llano, no dieron resultados permanentes por el insistente regreso de los indígenas a sus lugares de origen. Localidades actuales en provincia de Buenos Aires como Quilmes o en la provincia de Santa Fe como Calchaquí, son la prueba de lo que le costó a la dominación española someter definitivamente a los reducidos. En este ejemplo, ambas reducciones pertenecían a la orden evangelizadora jesuita.
El envío de hombres a las mitas en el Alto Perú para el trabajo minero, así como el de arrieros de mulas y burros primero y de hacienda vacuna hacia Chile luego, fueron trabajos que desgranaban los grupos familiares pero que, al mismo tiempo, posibilitaron la continuidad de costumbres, haceres y pensamientos dentro de los pueblos de indios, vigilados y organizados por encomenderos. Unido a esta situación de los hombres, se destinó a mujeres jóvenes y niñas al servicio en las casas de encomenderos. La violación y el sometimiento semi-esclavo de las mujeres, también fue generando hijos de españoles, que se evidencia en el crecimiento poblacional y las conductas sociales destinadas a generar el auto-desprecio de la condición indígena y gradualmente la pérdida de los rasgos identitarios del origen. El avergonzamiento por ser hijos/as de español con indígenas se afianzó con las fuertes restricciones religiosas impuestas, entre otros elementos. Mundo de dobles valores que se va organizando a lo largo de las generaciones. Contradicciones que se han mantenido y a las que les dan batalla las nuevas generaciones.
La práctica de ocultar los encomendados, tanto en número como en procedencia, se ejerció durante toda la colonia, por diversas causas, siempre en beneficio de los encomenderos (pagar menos tributo por el número de encomendados, o re-poblar ficticiamente su heredad con pobladores de otros lugares) para mantener y prolongar el uso de la encomienda. Intereses económicos y políticos impregnaron toda la etapa colonial.
Un ejemplo es la ciudad de San Miguel de Tucumán. Ubicada en el llano en 1685, ya había sido fundada en 1565 con el nombre de Ibatín, en el pedemonte del cerro Ñuñorco Chico. Durante los 120 años, transcurridos entre una y otra fundación, no tuvo períodos calmos por la persistencia de los indígenas de desalojar con su lucha a los españoles. Las crónicas de los evangelizadores y los propios gobernantes reconocen las amenazas y llegadas efectivas de “los chaqueños”, como denominaban a los pueblos que no estaban sometidos y de quienes debían defenderse. Las razones principales del traslado no fueron estos ataques periódicos, sino los intereses de los comerciantes de la región que lograron la autorización para fundar otra ciudad a la vera del Camino del Perú, la vía principal del comercio con Perú y Potosí. Estos aspectos de la configuración del poblamiento español casi no se conocen entre las nuevas generaciones, ni de comunidades ni de descendientes de la colonización. La sistemática ocultación ha ido logrando un tipo de representación social subjetiva acerca de quiénes son los indígenas, plagada de prejuicios, discriminaciones y desvalorización; acompañada de la idealización de la colonia por su estructura administrativo-política de la que desaparecen las menciones respecto de la participación de los pobladores originarios en las tareas económicas.
Caracterización de los pueblos originarios
No aparecen fácilmente datos sobre los grupos poblacionales indígenas en el período que va desde mediados del siglo XVII al inicio del XIX. Sin embargo, están determinadas las localizaciones que son casi las mismas que hoy registran las Comunidades con personería jurídica. Son mencionados tanto en los registros eclesiales como en los datos económicos de los encomenderos. Los juicios y acciones legales emprendidas por diversos pueblos dan cuenta del conocimiento de sus derechos de propiedad y la reivindicación nunca dejada de asumir.
Parte de esta situación la presenta el pueblo de Amaicha con su legendaria Cédula Real de 1716. Única organización activa que persistió a través del tiempo.
Cómo era la organización de otros pueblos en la provincia no está definido. Ni tampoco el tipo o grado de relación que se establecían entre los habitantes de valles y altas cumbres con los de otras zonas del llano.
Hasta hace pocos años los datos y pruebas de la dominación española no estaban al alcance de docentes ni de dirigentes indígenas. Por ejemplo la encomienda de Tafingasta (valle de Tafí) le fue concedida en Merced a Melián de Leguizamo en 1617; quien fundamenta el pedido en que es una tierra “vaca” (vacía). Esto es una falacia total, ya que los españoles necesitaban población para poner en marcha una encomienda. Luego, los descendientes de Melian de Leguizamo venden el valle a los jesuitas en 1717, quienes sólo usufructuaran la posesión por 50 años, ya que en 1767 la orden es expulsada por el rey español. Nunca se mencionan los trabajos, los informes, qué pasó con la población originaria, con la que ellos pudieron hacer sus empresas. Ese silenciamiento y negación de su existencia como indígenas ha sido el modo de someter y explotar a los auténticos dueños de la tierra desde antes y hasta ahora.
Las luchas por la independencia del dominio español, en la segunda década del siglo XIX, encontraron a la población indígena de Tucumán en un grado de poca organización. El rápido traspaso de encomienda a hacienda o estancia, posibilitó la continuidad de la apropiación de la tierra por los herederos de los españoles o por nuevos adquirientes, gracias a las leyes que se iban dictando a partir de 1810. Así también la rápida fragmentación de la tierra en ese período y décadas subsiguientes permitió a los integrantes de la nueva sociedad acaparar grandes extensiones de tierras. Los pobladores de aquellas encomiendas continuaron dentro del mismo ámbito bajo los nuevos patrones que dedicarán sus tierras al pastoreo de vacunos y ovejas, tal el caso del valle de Tafí, o mantendrán sus pequeños cultivos y majadas en las altas cumbres, convertidos definitivamente en campesinos sin tierra: puesteros, mano de obra para la zafra en condición de peón, despojados de todo derecho y a merced de los nuevos intereses económicos de los terratenientes, como los Frías Silva, Chenaut, Zavaleta, Critto, Nougués, Terán, Cano, entre otros.
La identidad del origen comunitario continuará siendo negada por los nuevos propietarios, y terminará siendo negada por los propios originarios ante el avance de instituciones como la educativa con la escolarización obligatoria y otras del nuevo Estado. Las leyes de salud, de trabajo, de propiedad de la tierra estarán dictadas y aplicadas en el nuevo orden legalizando el despojo. Nueva y conocida al mismo tiempo formas de dominación: ayer feudal hoy pre capitalista, sin contemplar las necesidades de los campesinos, aislados de los centros políticos y económicos, por la falta de infraestructura mínima hasta mediados del siglo XX. Si bien la provincia terminó de regularizar su extensión y administración tempranamente, la organización nacional que conllevó luchas internas entre sectores terratenientes y proyectos de federalismo, apeló a los campesinos de zonas llanas para nutrir las fuerzas de sus ejércitos. Así como entre 1810 y 1823 fueron soldados de la guerra de liberación, a mediados del siglo se apeló a los peones para integrar los ejércitos liderados por terratenientes provinciales o en las guerras contra países hermanos como la de Paraguay. Quizá la identidad originaria estaba debilitada y el enganche forzoso fue logrado por los grupos en pugna política y militar. A lo largo del siglo XIX Tucumán fue logrando su crecimiento poblacional con hombres y mujeres descendientes de aquellos aguerridos defensores de su tierra, quienes paulatinamente verán desdibujados sus orígenes y sus derechos.
Cuando la organización económica convierte a Tucumán en provincia agroindustrial, los brazos para el cultivo y la cosecha de la caña serán los peones de estancia, conchabados por los dueños de ingenios en el llano, casualmente los mismos de aquellas de los valles y altas cumbres principalmente. Traslado compulsivo de contingentes de la provincia hacia la industria azucarera que vuelve a desmembrar familias, ya que todo el grupo familiar participa obligadamente de la zafra. Regreso a las estancias en las mismas condiciones, pero con la experiencia de ser obreros de surco y/o de fábrica. Situación que no ha sido aún considerada en su importancia para comprender y explicar la organización obrera tucumana, sus luchas y sus reivindicaciones.
Entre 1860 y 1966 , cien años, las poblaciones vallistas subsisten de su trabajo agrícola familiar, en el que mantienen pautas, concepciones, valores de la comunidad originaria, aunque sin tener claramente noción de la importancia de organizarse como tal. Resistencia silenciosa que oculta el saberse dominado, oprimido y maltratado. En gran parte la conquista y colonización española logró su cometido: después de haber sido vencidos por las armas y la concientización religiosa fueron sometidos y se allanaron a cumplir las leyes dictadas para (en su contra?) formar parte del nuevo estado nacional.
En ningún texto oficial se mencionó o se dio lugar a la existencia de los pueblos indígenas en la región. Menos aún desde las instituciones creadas por el Estado argentino: educación, salud, derechos legales. Todos pasaron a ser parte de la ciudadanía. A nivel nacional la incorporación de los indígenas en la Constitución de 1853 fue en términos de mantener relaciones pacíficas en las fronteras y garantizar su incorporación a la iglesia católica.
Recién en 1994, con la modificación de la Constitución Nacional se reconocerá la preexistencia de los pueblos originarios y quedará para la reglamentación el reconocer efectivamente dicha preexistencia. Los dirigentes indígenas de Tucumán logran se incorpore a la Constitución Provincial este nuevo reconocimiento. En Tucumán, Salta y Jujuy, provincias azucareras, suceden similares fenómenos: la mano de obra serán los campesinos de valles y los pobladores del chaco salteño, llevados compulsivamente.
El tren llegado en 1876 sirvió para esos traslados, sumado a los que buscaban resolver las tremendas necesidades de vida, llegando a cada provincia por sus propios medios. El ejemplo más contundente ha sido durante décadas la llegada de las familias santiagueñas en sus carros viajando días desde los obrajes en el monte de quebrachos hasta el ingenio. Esos campesinos, eran indígenas sin saberlo aún. Hoy luchan por su tierra en organizaciones indígenas y campesinas, al igual que en el Chaco y Formosa.
La vida de las familias del norte se dividirá en dos momentos del año: la zafra y el verano. A los de los valles al bajar a la cosecha, en la espera del lugar o colonia donde deberían vivir, los abajeños los trataban de coyas, (al mismo tiempo que los reconocen indígenas se ejerce violencia con los prejuicios y el desprecio). En el surco nacían experiencias, contactos, nuevos pensamientos…las décadas del 20, del 30 del siglo XX y hasta el inicio del peronismo fueron el caldo de cultivo de las rebeliones obreras en Tucumán a lo largo de la “Ruta de los Ingenios” (eufemismo creado por académicos sin mencionar jamás a quienes levantaron esas fábricas). Desde el Sur hasta las márgenes del rio Salí al Norte, miles de obreros adquirieron la noción decisiva de sus derechos y lucharon por ellos. El trato inhumano, el trabajo inhumano, la recompensa inhumana fueron fortaleciendo la necesidad de reclamar por sus derechos construyendo la hermandad de clase; comenzando por los derechos laborales pero que siguieron extendiéndose hacia otras áreas. En la segunda mitad del siglo XX comenzaron a verse estos procesos.
El regreso en el verano a sus valles o cumbres significaba retomar el mismo modo de vida previo a la salida en abril o mayo. Ya no le era tan fácil al terrateniente mantener la sumisión. La organización sindical fue el salto gigantesco dado por los obreros, y la apertura a la recuperación de la identidad indígena para reclamar sus tierras.
Conflictos por la tierra
Desde el inicio de la conquista, los pueblos que lucharon contra los españoles lo hicieron defendiendo su tierra, su organización política y su modo de producción. Ha signado la vida y los proyectos comunitarios, y continúa en el presente la tarea para lograr la restitución y el reconocimiento de la propiedad comunitaria.
Los conflictos por la tierra han tenido diversos momentos a lo largo de los últimos 100 años. Tanto en las poblaciones del valle calchaquí tucumano como en las ubicadas en la ladera Este de las cumbres calchaquíes (los Colalaos que compran tierras en el departamento Trancas por ejemplo). Juicios a los terratenientes ganados y perdidos, pero claramente entendidos como una tarea a realizar y continuar sin cesar, hasta el logro definitivo. Escrituras que nunca aparecen para avalar la propiedad de los terratenientes en Colalao, en La Angostura o en Casas Viejas; Jueces de Paz que garantizan el desalojo; estrategias de los patrones apoyados por la estructura del Estado (que muchas veces está gobernado por ellos mismos) para amedrentar a los grupos en disidencia; han sido y siguen siendo caminos de la lucha que no termina. Como todo proceso de lucha, han sido diversos los intentos por derrotar los reclamos y gestiones siguiendo el camino de la reivindicación legal, de parte de los organismos del Estado provincial cuando estuvieron en manos de los dueños de ingenios y terratenientes; y han incidido fuertemente en la aceleración de estos procesos los momentos y etapas políticas vividas en nuestra provincia con otros proyectos políticos. Introducir los enfrentamientos entre sectores de los mismos pueblos originarios ha sido y es un arma eficaz. Las mismas familias lo han aprendido y no son pocas las veces que los intereses económicos, políticos y de opresión que ejercen los que detentan el poder se han visto frustrados o derrotados. Tal el caso del asesinato de Javier Chocobar.
Para comprender mejor el proceso de organización de las comunidades, se debe reconocer que desde mediados del siglo XX, (en especial desde el derrocamiento del gobierno de Perón), los sectores empresariales y terratenientes buscaron tomar el control de las organizaciones gremiales sin lograrlo a pesar de las intimidaciones y recursos diversos que emplearon. A través del tiempo, en todo el país, las comunidades fueron encontrándose y organizándose de manera efectiva. Las federaciones indígenas, los parlamentos, fueron dando lugar a la aparición de las organizaciones indígenas por provincias, por pueblos…
Allí se debe buscar la necesidad de organizar a sus comunidades por parte de los pobladores de distintos lugares de la provincia. Ya fuera por sus propios medios y recursos, o por la incorporación de interesados en ayudar a lograr esa organización desde el campo político, la década del 60 fue el detonante por los graves y sostenidos conflictos que afectaron principalmente a la industria azucarera. El golpe de estado de Onganía (1966) tuvo la propiedad de acelerar la organización. Sobre 1970 son muchas las comunidades que comienzan a iniciar acciones de rebeldía, como dejar de pagar arriendos, tributos, pastaje. El alto clima de conflictividad lleva a tomar decisiones largamente esperadas, pareciera que ahora sería posible. Todo el Valle Calchaquí vivirá acciones desde Salta a Catamarca. Se denominan a sí mismos comunidad indígena, buscan ganar a los pobladores para la nueva condición. En definitiva, ya no hay olvido ni marcha atrás. Habrá que pelear por el reconocimiento como Comunidad Indígena.
Los tiempos se aceleran y la historia vuelve a ser parte del presente. Varios dirigentes son llevados por otras organizaciones a enseñar cómo conducir el proceso, es fuerte la articulación entre distintas poblaciones en el valle calchaquí. Se concentran las acciones en la zona de Quilmes y Colalao. La grave crisis que desencadena la dictadura de Onganía con el cierre de 11 ingenios, provoca el éxodo masivo de población tucumana. Entre esos 200 mil que emigran en busca de trabajo están los jóvenes hombres y mujeres de las estancias, de los valles, de los cerros, de la llanura tucumana. El regreso es casi imposible por casi 40 años. Y muchos de ellos serán los que aporten experiencias y conocimientos para la organización en la década del 80.
La feroz dictadura que se inicia en 1976 encuentra en las desapariciones, secuestros y asesinatos sus objetivos de controlar y aislar a las organizaciones. No pasa por alto los proyectos y acciones en marcha en las comunidades. Trabaja en amedrentar y aterrorizar a todos. La detención y desaparición de varios dirigentes abre también un período oscuro, de terror y diáspora. Pero no se detiene lo comenzado. La vida es defendida para lograr lo añorado: la devolución de las tierras; y eso pasa en Tucumán y en el resto del país.
En los últimos tiempos, al compás de haberse logrado los juicios de lesa humanidad, comienza a romperse el silencio en muchos sectores y familias de los pueblos indígenas. No había a quien reclamar porque eran los mismos que habían secuestrado a sus hijos con sus esposas. Estaban lejos de toda posible protección o ayuda. Habían estado luchando como obreros en defensa de los ingenios, seguían luchando por conseguir las tierras que les pertenecen como comunidad. Por eso el silenciamiento voluntario.
Un ejemplo ha sido el traslado compulsivo en 1976 de los menhires del valle de Tafí a la cima de la loma de La Angostura por orden del dictador genocida Bussi. Esa decisión contuvo varios aspectos, entre los que se destaca imponer la superioridad de su mando a una población aterrorizada. Obligar a que fueran los mismos pobladores los que hicieran la tarea, era concluir con lo iniciado por los conquistadores: destruir todo símbolo que representara el orgullo anterior. La restitución en el año 2000 de 124 piezas a la localidad de El Mollar, tarea realizada por esos mismos pobladores afrentados y humillados en 1976, ha sido una prueba de que se tenía muy claro lo que significó aquel acto y de la necesidad de recuperarlos, “deshaciendo la historia” esta vez.
La restitución del gobierno democrático de 1983 en adelante, fue vivida como un instrumento para conseguir leyes que visibilicen a las comunidades, que posibiliten nuevas condiciones como legítimos dueños de sus tierras. Esto sucede en Latinoamérica, desde Ecuador a Chile; oleada que recorre los Andes y sus valles. Acontecimientos de inmensas muchedumbres demuestran que están vivos los sentimientos indígenas de los pueblos antiguamente conquistados
En los valles tucumanos los que asumen la tarea de organizarse, son hombres y mujeres que comienzan a recorrer todos los poblados. Una tarea titánica que da frutos. En 1985 la Ley 23.302, de política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, que presenta a la inscripción en Personería Jurídica provincial y/o nacional como requisito para ser reconocidos, es el mejor motivo para la organización.
Hoy, se ejercen otros recursos para destruir la unidad, las luchas, las reivindicaciones. Intentos de cooptación de dirigentes desde el campo de la política provincial o nacional, absurdos trámites burocráticos que alargan cualquier gestión y debilita a los grupos que esperan resolver sus necesidades. Pero los pueblos originarios van resolviendo uno a uno los obstáculos y aprenden de los errores propios y de los que continúan aprovechándose de ellos. Se ha mantenido a lo largo de estos ya más de 200 años de independencia, el lugar social y el valor que se le había adjudicado desde los opresores. Las poblaciones que resistieron fueron aniquiladas, diezmadas, extraídas de sus lugares. Y esas mismas condiciones fueron los ejes para la consolidación del Estado argentino a fines del siglo XIX. De indios sometidos, esclavizados a peones explotados, convertidos en obreros que luchan por su salario, el Estado se construyó basado en esa división social de clases. Trataron de hacer desaparecer al indígena, a su conciencia de serlo, a su identidad como argentino, pero dentro de esos difíciles procesos, los pueblos originarios han crecido no sólo en número sino en claridad de lo que les pertenece como parte del pueblo argentino.
Hacia el final de estas reflexiones, creo haber logrado desarrollar como hilo conductor la historia de las luchas de los pueblos originarios. De manera constante, aunque a veces fuera subrepticia, la resistencia y la seguridad de cuáles son sus derechos ha orientado la organización y los objetivos políticos de las hoy Comunidades Indígenas de Tucumán. Las reivindicaciones por la propiedad territorial de sus posesiones ancestrales, la necesidad de lograr la legislación que reconozca y respete la propiedad comunitaria, son puntales que alientan a la unidad y a la lucha, sabiendo que las contradicciones existen al interior de las propias comunidades. Pero son igualmente fuertes ejes que los continúan impulsando a que se reconozcan a sí mismos como pertenecientes a una historia y a un pueblo que lucha.
Bibliografía recomendada:
Pérez, J. y Gonzalez, R. (1972). Argentina indígena vísperas de la conquista. Tomo I de Historia Argentina. Buenos Aires: Editorial Paidos.
Racedo, J.; Boldrini, P.; Calisaya, A.; Cardozo, M.; Del Bel, E.; Heredia, M. Galindez, L.; Garay, A.; Lud; A.; Nassif, S.; Torres, V. y Wieder, D. (2015). Conociendo la comunidad indígena de Chuschagasta. Tierra, Organización Comunitaria e Identidad. Tucumán: Ediciones 5.
Racedo, J.; Boldrini, P. y Torres, V. (coords.) (2012). Conociendo la comunidad indígena de Casas Viejas, tierra, trabajo e identidad. Tucumán: EDIUNT.
Racedo, J.; Boldrini, P.; Coria, L.; Nassif, S.; Nuñez, V. y Torres, V. (2010). Conociendo la comunidad indígena de la Angostura. Tucumán: EDIUNT.
Racedo, J.; Requejo, M. I.; Taboada, M. S. y Segura, Z. (2004). Patrimonio cultural e Identidad. Buenos Aires: Ediciones 5.
Requejo, M. I. (1996). Aportes para la historia del Valle de Tafí. Tucumán: EDIUNT. Maidana, C. A.; Ottenheimer, A. C.; Gonzalez, D. V.; Aragon, G. L. y Tamagno, L. E. (2013). Derechos indígenas en Argentina: territorios y propiedad comunitaria. Brasil: Universidad Federal de Paraná.
Imagen principal: Homenaje a la Pachamama. Agosto de 2015. Comunidad indígena de El Mollar, Tafí del Valle.
Josefina Racedo es psicóloga y psicóloga social, y forma parte de la dirección de La Marea. Otros trabajos de la autora, AQUÍ.
