Garantizar hoy las vacunas para todos e incentivar y financiar los proyectos de una vacuna nacional lo antes posible
A la grave situación económica y social existente en la Argentina se añadió la pandemia mundial de Covid19 a partir de 2020. Nuestro país atraviesa una preocupante situación de agravamiento de los enfermos y los fallecidos. Y apareció al rojo vivo y se agravaron la miseria, la dependencia económica, la deuda externa fraudulenta, el desempleo nunca visto de los trabajadores argentinos y la debacle de la clase media.
Es cierto que la crisis en todos los terrenos es mundial, pero, como era previsible, los que más sufren ahora son los países que ya venían sufriendo índices elevadísimos de todos estos problemas. Por el contrario, las grandes potencias –y los países que pugnan por serlo– están en otras condiciones para superar en poco tiempo, e incluso ganar con esta pandemia.
Contra esta injusta situación, los pueblos de Latinoamérica se han expresado a través de procesos electorales, como los de Perú, Bolivia y Chile, y con levantamientos populares como el de Colombia o las luchas de Brasil, para gran desconcierto de la derecha continental.
La posesión de las vacunas, insumos, tecnología y estructura para sostener su investigación, desarrollo productivo y distribución, han pasado a ser un nuevo elemento de puja entre los grandes monopolios, y entre éstos y los pueblos que sufren la dependencia.
Países como EEUU, China, el Reino Unido, Alemania y Rusia pelean palmo a palmo por la nueva distribución de capitales que ofrecerá la inmensa riqueza generada por las vacunas. Sin importar los millones de vidas en juego: han muerto en el mundo casi 4 millones de personas y ya ascienden (declarados) a 175 millones los infectados. Los grandes laboratorios, aprovechando la situación pandémica, quieren imponer contratos leoninos a los Estados soberanos de Latinoamérica, cuyo carácter “confidencial” impide el control público de las concesiones. Y esta puja se refleja también en la lucha política interna de los países dependientes, como el nuestro.
Llegaron a Argentina las vacunas de tres marcas que se contrataron: la rusa Sputnik V, la china Sinopharm, el laboratorio suizo-británico AstraZeneca (Covishield), Astrazeneca (vía el fondo Covax) y AstraZeneca-Universidad de Oxford.
El gobierno argentino debió enfrentar dificultades para lograr estos envíos. A mediados del 2020 se firmó el contrato con el laboratorio AstraZeneca por el cual se fabricaría el componente en Argentina (en el laboratorio argentino de Insud, mAbxience) y se envasaría y distribuiría desde México. La financiación fue garantizada por el millonario mexicano Carlos Slim y se comprometieron a vendernos 22 millones de vacunas. Argentina adelantó el pago del 50% del costo de este envío, pero el proceso de envasado se demoró por la supuesta falta de insumos (filtros, bolsas estériles y frascos de envasado) y el producto quedó almacenado en México y EEUU.
Argentina realizó, entonces, otro contrato con Rusia por 20 millones de dosis, pero a un precio muy superior al de mercado. También con el gobierno chino, pero por cantidades muy inferiores (4 millones). Es decir: nuestro país, por los contratos firmados, debería haberse abastecido con 46 millones de vacunas, de las cuales ha recibido menos de 20 millones hasta la fecha. Eso, sin contar las 13 millones de dosis que abastecería hipotéticamente Pfizer-Biontech (yanqui y alemán), para lo cual pretende –con el apoyo de la oposición de Juntos por el Cambio– un contrato “a medida”.
La concepción de la salud como bien social, plasmada en la Ley de Medicamentos –que entre otros cosas igual de “subversivas” le costó a Arturo Illia el golpe de estado de 1966– parece haber sido enterrada por los jefes del radicalismo actual, como el diputado Mario Negri, que escribió en su cuenta de Twitter, hablando del gerente de Pfizer en Argentina: “Lo llamativo es que dijo que no fueron convocados por el Gobierno para participar en la confección de la Ley. Quedó claro que el Ejecutivo priorizó a laboratorios como AstraZeneca”.
Parece mentira que el partido de Yrigoyen y Alem naturalice de forma tan descarada que el gerente de un monopolio extranjero deba participar en la elaboración de una ley soberana Argentina, incluso teniendo en cuenta que el resto de los laboratorios y los estados vendedores de vacunas aceptaron las leyes argentinas.
En el momento de mayor cantidad de enfermos y fallecidos desde que se inició la pandemia, el gobierno argentino no ha logrado que los grandes monopolios farmacéuticos y las potencias que los respaldan y financian envíen lo que fue contratado y pagado en forma adelantada. Esto se debe, en parte, a las carencias que plantea la situación de la pandemia a nivel mundial, pero centralmente porque los monopolios y las potencias imperialistas aprovechan la demanda inédita para profundizar la dependencia económica y financiera de los países pobres y de los menos desarrollados.
El ex-presidente Illia decía en sus memorias, refiriéndose al momento en que tuvo que renegociar la deuda externa con el Club de París, en 1964: “Se pusieron firmes los señores y nos dijeron que no podían renegociar la deuda… pero que, si se levantaba el congelamiento de precios de los medicamentos, sí habría refinanciación. Le contestamos que el gobierno argentino no se sometería a hechos de esa naturaleza”.
Teniendo en cuenta este objetivo es que se entiende la feroz pugna por las vacunas y las riquezas nacionales que se evidencian en todos los terrenos.
Un ejemplo de ello es la propuesta de la liberación temporal de las patentes, que es rechazada por una docena de países y la Unión Europea. De los 164 países de la OMC, 110 apoyan la iniciativa, pero la UE, Reino Unido y Suiza, sedes de las grandes farmacéuticas, se niegan, argumentando que el problema no es la patente sino la escasez de las materias primas y la falta de capacidad de fabricación de los demás países. De modo que, sin liberar las patentes, plantean “caritativamente” donar lo que les sobre.
Mientras tanto, hay quienes pensamos que la única salida a mediano y largo plazo –más allá de continuar las negociaciones para garantizar la vida y salud del pueblo argentino hoy– es el incentivo y financiación de un proyecto nacional de la vacuna. En ese sentido, las investigaciones comenzadas el año pasado por la Universidad Nacional de San Martín y el Conicet para desarrollar una vacuna oral y el proyecto de la Universidad de La Plata, que están en fase preclínica, alientan la alternativa del auto-sostenimiento vacunatorio, y va más allá del envasado y la distribución de la Sputnik que comenzaría a hacer este mes el laboratorio Richmond.
Los grandes laboratorios no pueden cubrir las necesidades de toda la humanidad en esta pandemia. Su interés principal es asegurar el dominio de las vacunas para engrosar aún más sus ganancias y consolidar su posición de poder sobre el resto del mundo. Sus avaros intereses impiden que las vacunas sean patrimonio de todos los países, de igual modo que las riquezas extraordinarias acumuladas por los grandes monopolios impiden que los pueblos resuelvan su miseria y el hambre.
Hoy, más que antes, es visible para el pueblo argentino lo imprescindible de la lucha por la soberanía nacional –tanto en el terreno económico como el de resolución del abastecimiento suficiente de vacunas– contra los imperialismos que se disputan, aliados a serviles socios internos, la riqueza y la salud de nuestro pueblo.
