Editorial: Educación y pandemia

Cinco meses y medio tardaron el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y su ministra de Educación en darse cuenta de que miles de niños y niñas del nivel primario y secundario no tienen los recursos necesarios para acceder a las clases por internet.

La solución que plantearon, no obstante, no es proveer de dispositivos electrónicos y wifi gratuitos a estudiantes y docentes –cosa que a esta altura de los acontecimientos ya tendría que haber resuelto–, sino que pretenden que, en el momento más crítico de la pandemia, las escuelas se abran para que aquellos que no disponen de los recursos concurran para conectarse desde allí a las clases virtuales. El rechazo de los docentes y las familias, que rápidamente se organizaron y salieron a manifestar que no están dadas las condiciones, terminó de definir que el Ministerio de Educación de la Nación no avalase esta irracional decisión.

El decreto dictado por el presidente que convierte a las telecomunicaciones en servicio público es un avance necesario para limitar un poco las fabulosas ganancias de los monopolios de la comunicación, y podría transformarse en el camino para resolver la llamada “brecha digital”, que en el contexto de la pandemia deja afuera de la educación a miles de niños y niñas. Es un paso adelante del que esperamos que el gobierno no retroceda, ya que, como era de esperarse, se ha desatado una intensa disputa dentro de las clases dominantes. Del mismo modo, es importante el reciente anuncio del ministro Trotta –al cierre de esta edición– de distribuir 6500 dispositivos con conectividad. Mientras tanto, el sistema educativo está siendo sostenido principalmente por el esfuerzo de las familias y de los docentes, que no sólo están trabajando con sus propios recursos tecnológicos y su propia conexión a internet, sino que tampoco reciben asesoramiento ni capacitaciones para abordar el dictado de clases de forma virtual.

El caso de la Ciudad de Buenos Aires, naturalmente, es sólo un ejemplo de la falta de coherencia entre los discursos y lo que en la realidad sucede respecto de la educación. En general, los ministros brillan por su ausencia: pareciera, eso sí, que juzgan esencial realizar videoconferencias y disertaciones, como las que realizó recientemente el ministro de la Nación Nicolás Trotta con el escritor italiano Francesco Tonucci. Todo muy interesante; pero a poco de mirar y escuchar, no es difícil caer en la cuenta de que, en realidad, hacen referencia a otro sistema: el privado.

Si analizamos la situación de la escuela pública, la realidad es mu y diferente. En la misma Ciudad de Buenos Aires se observan 464 escuelas primarias y 170 secundarias en las cuales prácticamente no han existido las clases virtuales; se sustituyeron por cuadernillos de tareas (el denominado plan “Conectate con la escuela”). Si ésta es la situación en el distrito más rico, es seguro que en otras provincias, ciudades y pueblos del país es mucho peor.

Nadie sabe, a ciencia cierta, cuántos niños y niñas han quedaron ya en el camino. Lo que sí es seguro es que, sin una clara y fuerte política educativa que apunte a fortalecer a la escuela pública, la desigualdad económica y social agudizada por la pandemia redundará en más desigualdad educativa.

Sabemos que desarrollar los procesos educativos en este momento es sumamente difícil, que la falta del encuentro en el aula no puede ser sustituida por una clase por Zoom, y esto dificulta en gran medida el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya deteriorado por las políticas educativas de estos años. Pero nadie ignora que sin el apoyo y la guía de un adulto es casi imposible que un niño o una niña de primaria pueda abordar los contenidos y actividades. Y esto no se logra con exhortos a la colaboración.

En una situación de escuelas cerradas, el desafío planteado es garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad del aprendizaje con formas y métodos nuevos, para ejercitar y asimilar conocimientos ya adquiridos. Eso conlleva, necesariamente, construir el lazo entre los docentes y las familias. La comunicación permanente por parte de las autoridades educativas a través de medios de comunicación masivos (televisión, radio) –con la explicación debida, sencilla y clara–  debe dirigirse a las familias y a los docentes.

Para ello es necesario un cambio de abordaje rotundo. Y eso es imposible sin escuchar a los que mejor conocen las problemáticas educativas: los docentes, que pese a todas las dificultades están –al igual que los trabajadores de la salud– en la primera línea de lucha contra la pandemia. Desde las oficinas de los altos funcionarios, seguramente todo se ve distinto.

Naturalmente, para pensar en un retorno a las escuelas es necesario tener más establecimientos en condiciones, contar con más personal e insumos de limpieza que garanticen la higiene y la salubridad, capacitar a los docentes para que puedan actuar en la nueva realidad que se planteará, contar con equipos interdisciplinarios distritales, e incluso en grandes escuelas (psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales), que permitan contener los niños, niñas y adolescentes, entre otras cosas. Mientras tanto, urge que en las condiciones de la cuarentena el estado brinde los recursos necesarios para que nadie se quede afuera de la educación, para que la brecha educativa no se siga agrandando. Para ello, una buena parte del cada vez más necesario impuesto a las grandes fortunas debe destinarse a ampliar el presupuesto educativo. Y es imprescindible recuperar el valor del salario docente, cuyo poder adquisitivo viene depreciado desde hace años.

La comunidad educativa, los docentes, los estudiantes, niños y niñas, junto a las familias, vienen realizando un gran esfuerzo y tienen una enorme tarea por delante. Aún está por verse si el Estado, los Ministerios de Educación y sus equipos están a la altura de las circunstancias.