Editorial / Las pestes

Corría el año 1956 en Argentina. La epidemia de poliomielitis alcanzaba más de 6.500 casos. El 25% murió, mientras el resto quedó con secuelas motoras; muchos de ellos atravesaron su primera niñez con un pulmotor y necesitaron años de rehabilitación.

La primera oleada del virus había sucedido un año antes: el año del golpe de Estado contra el gobierno peronista. Una de las primeras medidas que tomó la autoproclamada “Revolución libertadora” fue eliminar el Ministerio de Salud, paralizar la obra del que hubiese sido el mayor hospital pediátrico de América Latina –que luego se convertiría en el célebre Albergue Warnes–, realizar un asalto militar a la Escuela de Enfermeras, quemar los Hogares de Niños y sus pertenencias, y arrojar a la basura, entre otras cosas, los pulmotores y los frascos del Banco de Sangre del laboratorio de la Fundación Eva Perón, simplemente porque portaban el logo de la FEP. El odio hacia el pueblo se mostraba en todo su esplendor.

La nueva Directora del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública nombrada por la dictadura, la señora Marta Ezcurra, manifestó al respecto: “La atención de los menores era suntuosa, casi excesiva y nada ajustada a las normas de sobriedad republicana… aves y pescado se incluían en los variados menús diarios… Los niños comían carne todos los días. Y en cuanto a vestuario, era renovado cada seis meses”. Y, por su parte, Monseñor Plaza, por entonces obispo de la Plata y aliado consecuente de la oligarquía, llegó a plantear en una misa que la poliomielitis era un “castigo divino” ante tanto pecado cometido: al igual que sus antecesores medievales durante la peste negra, el obispo culpaba a los pobres, y en particular a los niños, de la epidemia.

Desde ese momento, el sistema de salud pública de nuestro país –considerado pionero y el mejor de Latinoamérica– entró en un paulatino pero sostenido declive, por la acción deliberada o por el abandono al que lo han librado los sucesivos gobiernos. Aquella ejemplar asistencia a la niñez dio lugar, después de las varias crisis económicas, a la situación actual, en la que la mitad de los niños y niñas es pobre: pobre en alimentos, en condiciones de vida, en nivel educativo y sanitario.

Al tiempo que se desmantelaba el sistema público, campearon –protegidos por la legislación creada a tal fin– los grandes monopolios vinculados a los servicios de salud y a la fabricación de medicamentos. La lógica mercantil se impuso, generando, por un lado, fabulosas ganancias en las empresas de medicina prepaga y grandes laboratorios y, por otro, restringiendo el acceso a las grandes mayorías. 

Cabe recordar al presidente Arturo Illia, quien fue derrocado en 1966 entre otras causas por haber impulsado una Ley de Medicamentos, que fue aprobada en 1964 en el Congreso Nacional, cuyo objetivo era el control de la composición de los remedios y del valor real de los mismos. Se comprobó que muchos medicamentos no eran fabricados con las fórmulas declaradas, y que los precios superaban el 1000% del costo de producción. Para el presidente radical, los medicamentos eran un “bien social” y no un bien del mercado, por lo cual los grandes laboratorios e inversionistas no dudaron el tildarlo de “comunista”. Recién en 2002 se volvió a legislar algo en materia de soberanía sanitaria con la Ley de Prescripción del Genérico, impulsada por el doctor Ginés González García.

En el año 2009 la Asociación de Agentes de Propaganda Médica declaró que algunos medicamentos llegaban con una diferencia del 33.000% entre el costo y el precio de venta a las farmacias. Ante cada epidemia –como ocurrió en su momento también con el HIV–, las ganancias de los laboratorios se incrementaron descomunalmente. 

La desnutrición, el hacinamiento habitacional, la falta de agua y de cloacas, la falta de inversión en redes eléctricas y de gas (problemas estructurales de la Argentina desde la época de la epidemia de fiebre amarilla en 1871) y los “tarifazos” unidos a un sistema de salud pública deteriorado y la falta de control sobre los grandes laboratorios, han creado un caldo de cultivo enorme para la propagación del Coronavirus.

Frente a esta situación, el rol del Estado es imprescindible, y las medidas que ha adoptado el gobierno, aunque insuficientes, son correctas. Sin embargo, para los políticos e intelectuales que firmaron una solicitada contra la “infectadura” del gobierno actual, el problema mayor es la duración de la cuarentena y su supuesta falta de “libertad”. Sin lugar a dudas, la pandemia producirá graves consecuencias económicas, sociales, educativas, e incluso subjetivas en los individuos. Pero, ¿cuánto más criminales han sido las políticas de los gobiernos que propiciaron el abandono de la salud pública, y que arrojaron a la miseria a cientos de miles que hoy viven hacinados en villas de emergencia? Es posible que la “vuelta a la normalidad” que reclama esa solicitada termine siendo la excusa para mantener las enormes desigualdades que sufre nuestro pueblo.

Techint no trepidó en echar a 1500 obreros de su plantel de contratados apenas comenzada la cuarentena; Vicentín no dudó en llamar a convocatoria de acreedores, pese al auxilio del estado durante 2019; Ledesma y otras 280 compañías –varias de ellas multinacionales– devolvieron el dinero de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que inexplicablemente les había otorgado el gobierno nacional, ante las restricciones que se les podrían imponer en el futuro. Las clases dominantes no están dispuestas a ceder ni un poco sus privilegios, pues saben que sólo de esa forma se pueden resolver las desigualdades. Por eso hasta se resisten a la implementación de un modesto impuesto a las grandes fortunas.