Durante casi dos años el mundo ha enfrentado la peor pandemia declarada en un siglo. Junto a la enfermedad, la pobreza se ha extendido, la riqueza se ha concentrado aún más, los peligros de guerra han aumentado y los derechos al trabajo, la tierra, la vivienda, la salud y la educación se han restringido.
Sin embargo, frente a esa situación, los pueblos gestaron nuevas formas de solidaridad y comunicación que les ayudaron a sobrevivir, mantener el espíritu de lucha por la vida y contra la injusticia social. Sin ellas los efectos negativos de la pandemia hubieran sido mucho más brutales.
La lucha popular por un mundo mejor se expresó en todo el continente latinoamericano, como en Colombia, Brasil, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Países subordinados a potencias imperialistas, cuyos monopolios sólo pretenden acrecentar sus índices de ganancias, con la complicidad de las oligarquías vernáculas.
La disputa entre esas potencias es cada vez mayor. EEUU busca frenar el creciente poderío económico de China, y la vieja Rusia quiere su porción de postre. En Europa también forcejean entre sí, como muestra el Brexit inglés.
Entretanto, África apenas cuenta con menos del 20% de su población protegida contra el Covid (en algunos países sólo el 2%) debido a la falta de vacunas y de estructura sanitaria adecuada, mientras que en los países desarrollados, los laboratorios monopólicos atesoran sus vacunas sin utilizar, especulando con sobreprecios y contratos leoninos. Y cuando el virus muta y se reanima la pandemia, EEUU, China y Europa ocultan que nadie se salva solo.
La transferencia de la riqueza de los estados a los grandes laboratorios mundiales por la venta de estos productos, es un dato reservado que se conocerá a corto plazo. Los poderosos van por más, y los pueblos resisten porque necesitan y desean un cambio profundo.
Nuestro país
Una vez realizadas las elecciones legislativas, en las que el debate político estuvo ausente, el Frente de Todos –que fue una esperanza en el 2019– perdió posiciones. El pueblo castigó el empeoramiento de sus condiciones de vida y la falta de definiciones claves para avanzar en un camino contrapuesto al gobierno entreguista anterior.
Argentina posee variados recursos y una ubicación geográfica privilegiada, capacidad alimentaria, riqueza natural, acuífera, petrolera, minera, etc. Además, el pueblo argentino desplegó un proceso histórico en defensa de la cultura, de las artes, de la educación gratuita, de la salud pública (que se comprobó fundamental en la pandemia) y por el desarrollo científico y tecnológico.
Las clases dominantes aún no han podido, debido a la resistencia popular, destruir todos los derechos adquiridos en décadas de lucha anteriores. Todavía los imperialismos no han logrado adueñarse de todas nuestras riquezas. Nuestra soberanía sigue siendo defendida, aunque acosada permanentemente.
Pero la ofensiva de los sectores retrógrados y entreguistas es muy grande. Y cada vez más desembozada, como lo prueban los discursos de la derecha y la ultraderecha, que están decididas a hacer retroceder lo logrado, continuando con el “relato” que justifique y confunda sobre la impresionante concentración de la riqueza que se está produciendo en el mundo y también en nuestro país.
Nuestra riqueza cerealera
En medio de la pandemia y a pocos meses de haber asumido la presidencia Alberto Fernández, el gobierno toma la iniciativa de intervenir la gran empresa Vicentin, en peligro de quiebra fraudulenta. Sus dueños, con apoyo de la Sociedad Rural, la Mesa de Enlace y la cúpula de Cambiemos, logran arrastrar a un sector de la población santafesina a manifestar: “Todos somos Vicentin”. Y el gobierno retrocede.
La deuda declarada de Vicentin es de aproximadamente 420 millones de dólares, de los cuales 320 son adeudados al Banco Nación. Mientras la empresa procedía al desguace y al vaciamiento, al mismo tiempo giraba sus activos al exterior.
Hoy, a más de un año y medio de aquello, el fideicomiso formado por 72 empresas acreedoras rechaza la miserable propuesta de pago de Vicentin y plantea que aceptarla significaría: “…un golpe al corazón de la cadena del agro argentino”. Cientos de pymes verán socavados sus capitales de trabajo.
Vicentin es una de las mayores empresas cerealeras exportadoras que controlan el río Paraná, que siempre fue una vía estratégica para el comercio internacional. Ya lo comprendió Juan Manuel de Rosas en 1845 cuando en la batalla de Obligado impidió que se adueñaran de él los ingleses y franceses. A lo largo de 70 km de sus costas hay 21 terminales clave. La zona del gran Rosario forma parte de los cinco puertos más importantes de América del Sur. Según el IADE (Instituto Argentino para el Desarrollo Económico) el 20% de las ventas de los productores exportadores no se declaran. No se controla el peso ni medida de los cargamentos. Un estudio realizado en 2017 por el Instituto Wilder para la ONU señala que Argentina está entre los cinco países con mayor pérdida de ingresos fiscales a manos de empresas multinacionales. La Junta Nacional de Granos, creada en 1933 y disuelta en 1991, fue un ente de control y regulación para evitar esas pérdidas. Por otra parte, el transporte de las mercaderías se realiza con la flota paraguaya, dejando sólo un 2% a la marina mercante argentina.
Cuando se intenta hacer recaer el pago de la deuda externa argentina sobre la aplicación de un ajuste brutal a los trabajadores, es lícito preguntarse por qué no se controla a estos sectores para adquirir divisas que van a parar a los bolsillos de las grandes empresas exportadoras o a la red del narcotráfico, dueños del Paraná.
La carne hace caer gobiernos
La carne es, además de la fuente principal de alimentación, un bien cultural argentino.
Desde el pacto Roca-Runciman en 1933 –que le aseguraba a Inglaterra la venta del 85% de nuestra exportación de carne– hasta hoy, aunque haya cambios de imperialismos asociados, los grandes productores y frigoríficos de nuestro país han evadido el control estatal cuanta vez se ha querido realizar. Empezando por colocar como ministros de Agricultura a personeros propios, como el ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Echevehere, acusado de cohecho hasta por sectores del gobierno de Macri.
Ya en la década de 1930 Lisandro de la Torre y Alfredo Palacios tuvieron que sufrir atentados contra sus vidas por denunciar en el Senado de la Nación las infames prebendas y coimas millonarias que los ingleses ofrecían a sus socios oligárquicos. El senador Bordahebere pagó con su vida estas denuncias.
Tanto Perón como Illia y Alfonsín tuvieron que apelar a restricciones, vedas, regulaciones, control de la cadena productiva y exportadora, para garantizar la provisión del mercado interno e impedir el aumento desmedido del precio de la carne.
Entre octubre de 2020 y el mismo mes de 2021, la carne aumentó un 20 % sobre la inflación, afectando seriamente el consumo popular.
En el año 2020 hubo record de exportación de carne, principalmente a China. Las ganancias han sido fabulosas. ¿Cómo no iban a poner el grito en el cielo los grandes ganaderos y frigoríficos ligados a los grandes supermercados ante las restricciones a la exportación? ¿Por qué les iba a interesar que los argentinos coman carne?) Para Etchevehere, ministro de Agricultura del macrismo, “En estos dos años no se ha hecho nada por el campo”.
El otro ente regular, también disuelto en los 90, la Junta Nacional de Carnes, tampoco existe ya para frenar un poco la voracidad de este sector. Los ganaderos no quieren ni regulación ni fiscalización en serio. Ni tampoco aumentar la producción de la materia prima para poder abastecer ambos mercados. Pero, esta vez no lograron movilizar al grito de: “Somos todos ganaderos”.
El petróleo blanco
El litio es un metal muy preciado para el futuro mundial. Se utiliza para baterías de autos eléctricos y todo tipo de artículos electrónicos. El principal productor y exportador en el mundo es Australia (51%). El gran potencial de reservas del mineral se encuentra también en el triángulo formado por Bolivia, Chile y Argentina, en la Puna norteña. La revista Forbes en el 2017 señalaba que esta zona es la nueva Arabia Saudita del petróleo blanco. Las provincias privilegiadas son Jujuy, Salta y Catamarca.
La pugna entre EEUU, China, Alemania y otros por el litio argentino es muy conocida. Muchos opinan que detrás del golpe de Estado contra Evo Morales estuvo el dominio del litio boliviano.
A diferencia de Chile y Bolivia cuyas tierras con litio son públicas, a partir de lo cual se realizan acuerdos de explotación con empresas multinacionales (sociedades que en el caso boliviano pertenecen en un 51% al Estado), en Argentina, debido al marco regulatorio que facilita tenencias mineras, muchas tierras han sido compradas especulando con el valor de reventa a futuro, lo que llamamos negocio inmobiliario. Sólo un puñado de las cincuenta mineras asentadas está produciendo. Mientras en Argentina las regalías mineras que se cobran son del 3 al 5%, en Chile son del 6 al 40%. Además, el Estado definió que el 25% de la producción de litio sea para uso interno chileno.
La extracción e industrialización del litio, defendiendo nuestra riqueza nacional, es una tarea pendiente del gobierno argentino.
Aún pendiente
El reconocimiento y derecho a la tierra de las comunidades originarias es una deuda pendiente. La lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios tiene una larguísima historia. Si bien en 1994 la legislación argentina reconoció la preexistencia de estos pueblos y sus derechos ancestrales, el acceso a la tierra no se concreta y el despojo de ella se sigue practicando en nombre del progreso de las inversiones de capital, con los mismos argumentos ideológicos que se esgrimieron desde el siglo XIX: “no son argentinos”, “no respetan la propiedad privada”, reemplazando “son bárbaros” por “son terroristas”. Las expresiones xenófobas que demonizan a los que luchan, ocultan los verdaderos intereses de los grandes terratenientes extranjeros como Joe Lewis. Debe realizarse el relevamiento y adjudicación de personería jurídica a las comunidades y avanzar en el justo reclamo de recuperación de la tierra.
La deuda externa
La deuda externa es histórica en Argentina, al igual que en toda Latinoamérica. Desde el empréstito de Rivadavia con los ingleses en 1826, el tema del endeudamiento sigue siendo una lápida que pesa sobre nuestro pueblo. Nos impide independencia económica, política, militar y también cultural.
El carácter usurario, fraudulento e ilegítimo de la mayoría de la deuda con los organismos internacionales ya fue investigado por Alejandro Olmos, quien encontró serias dificultades para hallar el destino real de dichos préstamos. Como dice el diputado chaqueño del Frente de Todos, Rodolfo Swartz: “… la supuesta mayor deudora del FMI, como YPF, no registraba asientos contables del ingreso del dinero prestado. El plan Brady, el Canje y el Megacanje, y todos los canjes y renegociaciones posteriores que tuvieron en Cavallo (Ministro de Economía de Menem) a uno de sus máximos operadores, reconocieron la deuda a libro cerrado”.
Hoy, con total desparpajo, el ex presidente Macri confiesa que le entregó el último e insólito préstamo del FMI por 44000 millones de dólares a los bancos porque, “por miedo a que ganara el kirchnerismo, se hubieran ido del país”.
El pueblo argentino no sólo no vio un peso de ese aluvión de dólares, sino que ahora la derecha y la ultraderecha proponen que se pague a costa de flexibilización laboral, quita de indemnizaciones, recortes a la salud y la educación pública, pauperización mayor de los jubilados, ahorcamiento mayor de la clase media con impuestos leoninos, (mientras protestan contra el impuesto a las grandes fortunas), eliminación de subsidios a la luz, el gas y el transporte. Y el gobierno de Fernández no atina a tomar otro camino: el de suspensión del pago e investigación del origen de la deuda externa, de la mayor productividad de la industria nacional, de protección y desarrollo de las riquezas naturales y soberanas, de control de nuestros ríos y mares, del combate a fondo contra la especulación y de resistencia, en general contra las grandes potencias que esquilman a nuestro país.
La cultura afectada
En las últimas décadas, una parte de la producción cultural asociada a los espectáculos recreativos, masivos y populares, creció significativamente. Impulsada por el fomento de las industrias culturales, a las actividades artísticas autogestivas que experimentaron un crecimiento económico que se reflejó en PBI y en aumento de puestos de trabajo, en utilización de tecnologías e insumos, en un aumento del consumo cultural, así como en nuevas fuentes de producción y creativas.
La pandemia impactó de manera particular en casi todas las áreas y niveles de la cultura y afectó de modo muy desigual en cada una de ellas, porque previamente habían recibido el impacto de las políticas culturales macristas.
Las grandes empresas productoras de megaespectáculos no pudieron llenar teatros, clubes de fútbol, museos, cines, recitales, etc., ni aprovecharse del trabajo mal pago e informal de artistas, técnicos y asistentes de campo, ni pudieron sostenerse por el auspicio de las grandes empresas. Pero en este sector, los más afectados fueron los trabajadores, artistas y técnicos que quedaron sin trabajo, porque en general son contratados, monotributistas y no tienen derechos laborales.
Aquellos vinculados a actividades y entidades estatales culturales en eventos gratuitos y masivos, tanto artistas reconocidos en los grandes medios audiovisuales como los menos reconocidos, perdieron contratos o presentaciones si no formaban parte de los planteles estable del Estado. Las actividades estatales de investigación científica, social y cultural habían sufrido con las medidas de Macri, desde la eliminación de Ministerio de Cultura, recortes presupuestarios de los centros de investigación científica, teatros y museos estatales, eliminación de equipos de trabajo, espacios de difusión cultural, reducción de insumos, etc.
La producción cultural independiente y amateur, de pequeños grupos o individual, tanto aquellos que tienen ingresos regulares como quienes se autogestionan manteniendo distintos tipos de actividades para completar ingresos mínimos fueron los más afectados.
En la pandemia las plataformas digitales, internet, las empresas de celulares y de computación mantuvieron una actividad sostenida y creciente. Más aún los grandes pulpos como Google, Amazon, Apple…
A la mayoría que, a menudo sin dispositivos adecuados, intentaron continuar produciendo contenidos, seguir conectados con sus actividades y con su público, les fue casi imposible, ya que el acceso a las presentaciones por streaming o a la difusión online no les ofrecía demasiados márgenes por sus costos y características de las redes. Sin embargo, esos sectores para los que la producción creativa es tan necesaria como la vida misma –y la vida estaba en riesgo– fueron los más solidarios, los que ayudaron a los comedores, alentaron el esfuerzo del personal sanitario, contribuyeron cantando, pintando, escribiendo, actuando e investigando, aprovechando los mínimos recursos.
La ayuda estatal fue escasa. La pandemia puso al descubierto las condiciones en que se produce la cultura: la carencia de presupuesto en las instituciones estatales, la falta de ingresos fijos de muchos de los trabajadores de la cultura, la falta de agremiación y organización sindical en muchos casos (como los bailarines, los vinculados a la producción audiovisual y a las plataformas digitales), la apertura a producciones extranjeras que aprovechan las condiciones de la devaluación, bajos ingresos y escasas regulación estatal.
También en la cultura es necesario un gran debate sobre cómo se forman artistas, intelectuales, investigadores; quiénes son los beneficiarios de esa cultura, a quién va dirigida; cómo, en el marco de las diversidades culturales, se prioriza una cultura que fortalezca nuestra identidad, nuestra independencia científica y cultural en función de una Argentina libre y soberana para producir los contenidos y soportes culturales que necesita nuestro pueblo. En la pandemia se demostró que el reclamo histórico por ampliar democráticamente la cultura, las artes y la ciencia es necesario no soslayarlo bajo el argumento de que “no es lo más urgente”.
El pueblo argentino debe protagonizar estos debates. El gobierno del Frente de Todos le debe explicaciones sobre lo hecho y no hecho respecto a estas injusticias históricas y actuales. Se está jugando el futuro de nuestro país. Los enemigos son muy poderosos y no queremos retroceder con las alternativas de gobierno que nos proponen, pero tampoco podemos seguir igual.
El verdadero debate político y cultural –que muchos encubren con la palabra “grieta”– es cuál es el camino que debe tomar la Argentina.
El ex ministro de Economía Domingo Cavallo, gestor de la crisis del 2001, dice: “El drama de Argentina es que, siguiendo una suerte de tradición cultural, se piensa que las deudas no se pagan” (Clarín, 3/12/21). Pero se pagan las deudas legítimas, las estafas no. Seguir pagando esta deuda ilegítima y usuraria causará el aumento de la pobreza de nuestro pueblo, el abandono de nuestra soberanía, y el aumento de la soberbia y el poder impune de los que nos dominan.
Nuestra revista ha intentado, desde nuestro modesto lugar, a lo largo de estos dos años participar y hacer participar al pueblo en este debate. Y continuaremos en este camino.
