Desde nuestro número 40 han transcurrido meses intensos, con hechos y procesos movilizadores. En el torrente diario de acontecimientos, los sucesos mediáticos impactantes amenazan distraernos de aquellos que son más significativos para el país, que tienen un rumbo preocupante ya transitado por distintos gobiernos o grupos de poder, y que requieren una discusión insoslayable.
Preocupan e indignan los ataques oficiales a las comunidades de pueblos originarios que luchan por su tierra, así como la consecuente falta de protección gubernamental frente a la expulsión que sufren de parte de grupos económicos concentrados, nacionales y extranjeros, que vienen adueñándose de tierras y recursos vitales para esas comunidades y para el resto de los argentinos.
Preocupa e indigna la represión a los trabajadores que luchan en defensa del valor de su salario –mermado por la inflación y por la injusta e indebida aplicación del impuesto a las ganancias– y contra las crecientes cesantías y despidos. Preocupan las políticas que mantienen a los desocupados sin fuentes de trabajo legítimas y con asignaciones sociales de miseria, al igual que las jubilaciones.
Es preocupante porque esta parte mayoritaria de la sociedad, que ha sido protagonista de luchas históricas, es la fuente fundamental para garantizar y avanzar en procesos democráticos contra los embates de los poderes económicos locales y extranjeros en esta Argentina dependiente, cuyo gobierno castiga a esas mayorías con represión y leyes “antiterroristas” mientras que las instituciones bancarias y capitales especulativos que se enriquecieron exponencialmente –que “la juntaron con pala”, según insiste en confesar la presidenta–, son intocables.
En este marco, es aún más preocupante el fallo sobre la deuda externa argentina dictado por la justicia estadounidense –a la que oportunamente aceptó someterse el gobierno–, que pone en evidencia que el endeudamiento ha sido y es un mecanismo de sometimiento e injerencia imperialista.
Al conmemorar el vigésimo aniversario de la Marea en la última Feria Internacional del Libro, recordamos en un video la intervención de Alejandro Olmos en un acto de nuestra revista en 1999, en la cual señaló la necesidad de “una verdadera resistencia civil frente a la complicidad de toda una clase dirigencial empeñada en consolidar la esclavitud de nuestro pueblo por decisión del poder financiero imperialista”, y que “la deuda es uno de los factores de sometimiento del país”.
En 2000, el fallo del juez Ballestero en la causa iniciada por el propio Olmos demostró que la mayor parte de la deuda es fraudulenta e ilegítima. Por tanto, es necesario retomar esa investigación y ese fallo, lo que implicará un camino opuesto al transitado por todos los gobiernos anteriores y posteriores al Argentinazo.
Afirmar nuestra soberanía implicaría que el gobierno suspenda el pago y se restablezca nuestra jurisprudencia anulando por inconstitucionales los acuerdos sobre la deuda no tratados por el Congreso, reasignando a las necesidades sociales más urgentes los montos ahora asignados al pago de deuda ilegítima.
Es indispensable que los artistas, intelectuales y trabajadores de la cultura nos manifestemos contra la dependencia y los mecanismos de sometimiento nacional.
Por ejemplo, algunos de los temas centrales a discutir en los foros “por una nueva independencia” anunciados por la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, dependiente del flamante Ministerio de Cultura, deberían ser los acuerdos que acaban de establecerse con los presidentes de potencias imperialistas como China y Rusia, además del firmado anteriormente por YPF con el monopolio yanqui Chevron con cláusulas secretas.
La jerarquía ministerial dada al área de Cultura despertó expectativas positivas, en particular por el nombramiento de una reconocida artista popular como Teresa Parodi. Quienes hacemos La Marea compartimos con ella durante muchos años preocupaciones y actividades culturales, incluso en la propia revista, como recordarán nuestros lectores. Por eso esperamos que pueda revertirse el sectarismo oficial en esta área y que la política cultural abandone el eje de los megaespectáculos y deje de ser una fuente de negocios para empresarios del grupo económico que está en el gobierno. Es necesaria la democratización del presupuesto para la producción artística popular, para el sostén de los miles de centros culturales independientes del país, para cumplir con las producciones comunitarias que contempla la Ley de Medios, etc.
Estamos cerrando este número en un mundo conmocionado por el drama de conflictos bélicos atroces. No es posible aceptar indiferente la matanza de miles de inocentes en la Franja de Gaza, o en Ucrania, Siria, Irak, con millones de refugiados expulsados de sus hogares sin ninguna esperanza, como producto de guerras injustas impulsadas por un sistema que ha demostrado con creces ser contrario a las necesidades elementales de la mayoría de los seres humanos. Como trabajadores de la cultura que nos comprometemos en nuestro país por una verdadera independencia, nos manifestamos plenamente solidarios con todos los pueblos que enfrentan estas situaciones.