Escribe Alejandro Jasinski
Dos fallos judiciales declararon recientemente que las masacres indígenas de Napalpí (Chaco, 1924) y de Rincón Bomba (Formosa, 1947) fueron delitos de lesa humanidad. Una nueva investigación judicial se inició por la masacre de San Antonio de Obligado (Santa Fe, 1887) y de El Zapallar (Chaco, 1933). Reclaman “Juicios por la Verdad”. El historiador y periodista Alejandro Jasinski explora sentidos y significados de estas novedades que reclaman nuevos enfoques historiográficos sobre la violencia de las clases dominantes y el genocidio indígena. Indaga así en la compleja relación entre Memoria, Verdad y Justicia.
La “verdad” judicial tiene asignada una potencia que no suele ser reconocida a otras “verdades”. Por ella se combate, porque puede producir nuevos hechos, como castigos, sanciones y reparaciones. Es fundación de poder y manifestación inmediata de la violencia, decía Walter Benjamin.
El proceso de Memoria, Verdad y Justicia, construido con amplio consenso en la sociedad argentina en los últimos cuarenta años, ha debido involucrarse en esa lucha, y aún lo hace, para que se juzguen los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo estatal en los años 70 y 80. Cuando los caminos le fueron vedados por las leyes de impunidad, su abnegado anhelo prohijó una particular forma de hacer justicia: los “Juicios por la Verdad”, procesos penales sin condena. Los efectos de aquella admirable obstinación son, quizás como cualquier aspecto humano, difícilmente predecibles.
¿Qué significación tienen, en este sentido, los últimos fallos judiciales que declararon delitos de lesa humanidad los hechos sufridos por las comunidades Qom y Moqoit en Napalpí, Chaco, en 1924, y por los Pilagá en Rincón Bomba, Formosa, en 1947? ¿Cómo se atan a ello las nuevas investigaciones judiciales por las masacres indígenas de El Zapallar, Chaco, en 1933, y de San Antonio de Obligado, hoy Santa Fe, en una fecha tan lejana como la de 1887? ¿Cómo se conectan estas demandas particulares, que articulan el reclamo por el reconocimiento del genocidio indígena, con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de la dictadura?
Las causas judiciales por los hechos de Napalpí y Rincón Bomba se iniciaron en 2004 y 2006 como demandas en el fuero civil. En este campo, consiguieron en 2019 sentencias que reconocen el carácter de lesa humanidad de los crímenes cometidos en 1924 y en 1947, respectivamente. En el caso de los hechos de Rincón Bomba, se dictó además reparaciones de tipo patrimonial y no patrimonial. Esto finalmente fue también concedido en el caso de Napalpí, por la Cámara de Apelaciones de Resistencia, ya que no había sido otorgado en primera instancia por considerar que la comunidad demandante no podía acreditar tener interés legítimo, lo que sigue siendo cuestionado por la comunidad que vivió siempre en Napalpí.
En ambos casos, se iniciaron además causas en el fuero penal, lo cual es sumamente importante, entre otras cosas porque un fallo en materia penal involucra a la sociedad en su conjunto, saliendo del ámbito particular. El caso más cercano en el tiempo, el de Rincón Bomba, tuvo una particularidad: cuando se inició la investigación penal todavía vivía uno de los atacantes, quien llegó a ser procesado, pero falleció. Por ello es común a todos los casos, donde ya no existe posibilidad de imputar, que se pida abrir el proceso como “Juicio por la Verdad”.
Estos cuatro casos esbozan un camino, que dispara numerosas preguntas: ¿de dónde viene y hacia dónde va este reclamo de justicia?, ¿cómo se articula con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de la dictadura?, ¿qué novedades y diferencias presenta con el mismo?, ¿qué implicancias tienen las opciones hechas por las vías de las demandas civil y penal? Finalmente, ¿qué “verdad judicial” puede producirse hoy en relación a una historia nacional cuyo camino está adoquinado con no pocas masacres? Exploramos en lo que sigue esta última pregunta, para después referirnos a las masacres indígenas, especialmente al caso de Napalpí.
La larga historia de la represión estatal
En una reciente compilación de estudios, Santiago Garaño, Gabriela Águila y Pablo Scatizza, hacen un enorme esfuerzo por trazar una historia sobre la violencia estatal en el siglo XX. No es una preocupación nueva, pero el intento de observar un fenómeno como la violencia en un relato de largo aliento es un desafío estimulante, sobre todo cuando nace de una apuesta hecha por la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política, que no pretende dejarla encerrada en un esbozo.
El primero de los artículos, de Marina Franco y Ernesto Bohoslavksy, se preocupan -desde un enfoque específicamente historiográfico- entender la violencia estatal en Argentina como herramienta de gestión del conflicto político en el siglo XX, más allá de los cambios en los regímenes políticos y de las narrativas democráticas que refutan su presencia. Plantean una mirada sobre un conjunto de mecanismos coercitivos, de control y sanción, legales e ilegales, que utilizan los gobiernos dirigidos contra individuos o grupos que se consideran desafiantes a las relaciones de poder existentes o a las políticas públicas.
En esta búsqueda, consideran problemático el tradicional enfoque de escala nacional y la periodización clásica. Su propuesta es tensar la indagación en ambos sentidos. De allí, surge la pregunta por la llamada “Conquista del Desierto” (eufemismo de un genocidio, nunca está demás aclararlo) y su relación con las prácticas represivas de la última dictadura, que absorbió prácticamente todas las representaciones de la violencia estatal. También, por la pertinencia de una mirada que encapsula el período 1930-1983 como un ciclo de alternancias entre regímenes democráticos y dictatoriales, con eje en el rol de las fuerzas armadas, que presenta también alternativamente un mayor o menor respeto del marco legal y constitucional y que presenta a la dictadura de 1955, que derrocó al peronismo, como un punto de inflexión a partir del cual la violencia política registra un crecimiento cualitativo.
Con igual importancia, resultan tres llamados especiales: a pensar las represiones desplegadas en las regiones periféricas o las no reconocidas como “nacionales”; las vinculaciones internacionales, como se puede observar con mucha claridad con la última dictadura y el Plan Cóndor; la necesidad de incorporar una lectura de la violencia estatal en clave “colonial y etnizada”. Sobre este último punto, muy vinculado con el primero, se presume la existencia de un hilo invisibilizado y relativamente constante, un bajo fondo, que se vincula con esas otras formas racializadas de la violencia estatal, que afecta estructural y cotidianamente a los habitantes no blancos.
Partiendo de no caer en un relato que proclame que “las cosas siempre han sido así”, resulta una propuesta interesante para pensar y que nos estimula a profundizar la apuesta, al menos en cuatro sentidos. En primer lugar, a reforzar la importancia, pese a las continuidades existentes, de las diferencias prevalecientes entre dictadura y democracia. En segundo lugar, a revisar y complejizar las caracterizaciones de la violencia, más allá de su estricta acepción política y el protagonismo indiscutible del estado. En tercer lugar, a complejizar la mirada sobre el estado, para descubrir allí la impronta de los actores civiles, de manera que al referirnos a las formaciones como la Liga Patriótica (1919) o a la Gendarmería Volante de La Forestal (1920), no pensemos en ellas como formaciones “para-estatales” o vinculadas a una “violencia civil inorgánica”, sino a la más profunda organicidad de la violencia empresarial y los aparatos del estado. Por último, a no buscar en la violencia estatal en sí misma la capacidad de ofrecer criterios de periodización histórica autónomos.
Los crímenes de la república
Las cuatro masacres mencionadas al comienzo de esta nota vienen justamente a alimentar las tensiones requeridas por un gran relato sobre la violencia represiva en Argentina. En cada caso, son simultáneas a otras violencias del estado y de las clases dominantes contra distintos grupos subalternos.
Pilar Calveiro, al reflexionar sobre la guerrilla argentina y el terrorismo de estado, se refirió a los sentidos de la política y la violencia, a la memoria y a la identidad, y propuso varias hipótesis para pensar una larga historia de la violencia y el autoritarismo para nuestro país. Las primeras de ellas plantean que la violencia política en Argentina es de larga data y se asienta en una estructura autoritaria, con una construcción basada en oposiciones binarias y lucha entre enemigos, presente y arraigada fuertemente en las prácticas sociales, que puede rastrearse en la “Campaña del Desierto” y en el rol de las Fuerzas Armadas como núcleo duro del estado. Es un buen punto de arranque para pensar las masacres a las que hemos hecho referencia al inicio.
En la invitación a complejizar una larga historia de la represión, la misma demanda pensar estas violencias estatales como estrechamente ligadas a los conflictos empujados por la extensión del mercado global, la destrucción de modos de producción preexistentes, la ocupación de territorio y su transformación en propiedad privada, la proletarización de comunidades enteras y su sometimiento bajo distintos tipos de relaciones productivas para el capitalismo pero no necesariamente ellas mismas típicamente capitalistas.
Al mismo tiempo, conmina a subrayar que las cuatro masacres se produjeron en distintos tiempos, bajo regímenes políticos no dictatoriales, más allá de las diferencias en las formas -oligárquica o democrática- de resolverse la composición, acceso y forma de gestión del estado. La masacre de San Antonio de Obligado se produjo bajo la república liberal-oligárquica, de carácter restrictivo. Las de Napalpí y Rincón Bomba tuvieron lugar -con más de veinte años de distancia- bajo la república democrática: la primera durante el segundo gobierno radical -Marcelo Torcuato de Alvear- y la segunda durante el primer gobierno peronista. La de El Zapallar, en 1933, durante el período de la república democrática fraudulenta.
Entonces, ni productos de las viejas violencias de la conquista y la época colonial, ni de formas dictatoriales de la época moderna y contemporánea, las cuatro masacres comparten el hecho de ser crímenes de la república. El primero de ellos, como anexo del proceso de formación del estado-nación que se condensó en la segunda mitad del siglo XIX, empujado por la premisa de unificación del territorio (conflictos limítrofes mediante) y formación de una comunidad estatal-nacional (política-burocrática, cultural y lingüística). Bajo esta óptica, serían varios los episodios que vendrían a acompañar a la masacre de San Antonio de Obligado, sin duda alguna, aquellos crímenes cometidos en el marco del avance militar al centro sur y al Chaco. ¿Son acaso los casos de Napalpí y de Rincón Bomba también -en algún aspecto- corolario de este proceso?
En aquel tercer cuarto del siglo XIX, el país se incorporó definitivamente al mercado mundial, como país periférico, proveedor de materias primas y alimentos. Así se formó el modelo agroexportador, que expresaba el poder económico y político de la oligarquía dueña de la tierra y de las primeras agroindustrias, dependiente en primerísimo lugar de los designios del imperio británico. Este “desarrollo” reconocía algunas premisas ineludibles, entre otras: aprovechar las “ventajas comparativas” del país y resolver “el problema del indio”, lo que redundaría en la ampliación del territorio para expandir la frontera agropecuaria y podría garantizar la captura de mano de obra barata, producida por la destrucción de los modos de producción preexistentes.
Bajo el comando del general Julio A. Roca, primero como ministro de Guerra bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda y luego con él mismo como presidente, el estado nacional puso la fuerza del ejército con su renovada tecnología y experiencia de guerra para conquistar el territorio todavía controlado por los indígenas, apelando a su sumisión o exterminio. La conquista fue financiada por privados, quienes recibirían a cambio las tierras ocupadas en porciones no menores a las 10 mil hectáreas cada suscriptor (Ley de Empréstito, Nº 947, del 5 de octubre de 1878). En 1882, siguieron entregándose tierras en el extranjero y, en 1885, otra ley dispuso premios para los militares que habían participado en la campaña, quienes recibieron entre 8 mil y 100 hectáreas cada uno, de acuerdo al rango. Muchas de estas tierras y otras pasaron a saldar deudas con grandes proveedores del ejército y compañías inmobiliarias. Entre 1878 y 1885, unas 11 millones de hectáreas ocupadas hacia el sur, habían sido entregadas a 344 personas y empresas, reforzando el carácter latifundista de la estructura de la propiedad.
La campaña al Chaco compartió buena parte de este interés y espíritu. No fue hasta la década de 1860 que el ejército comenzó a atravesar con cierta eficacia el territorio del “desierto verde”, instalando fortines con la intención abrir caminos entre Corrientes y Salta e incorporar a las comunidades indígenas como mano de obra forzada a las plantaciones azucareras y obrajes madereros, así como también para expandir la producción ganadera. Hasta entonces, por distintas razones, la instalación de “reducciones indígenas” impulsadas por órdenes religiosas, especialmente los jesuitas, habían fracasado.
Las campañas hacia el interior del Chaco fueron numerosas desde 1860 en adelante. Primero sobre el río Bermejo y luego desde lo que entonces era la frontera norte de Santa Fe. Ello se presentó como una necesidad para el estado nacional una vez que terminó la guerra hecha al Paraguay, cuando se crearon las nuevas territorialidades y las gobernaciones de Chaco y Formosa (primero unificadas).
Una de las primeras campañas fue la que encabezó Napoleón Uriburu, jefe de la frontera de Salta (hermano de José Evaristo, presidente de la nación poco más tarde, y tío de José Félix, dictador en 1930). En ella, unas tres mil familias wichí fueron dominadas o corridas hacia el interior del Chaco. A los wichí de Laguna Blanca se intentaba reducirlos en beneficio de los obrajes de Colonia Rivadavia, donde se produjeron degüellos aleccionadores. Las ambiciones de Uriburu partían de poner en producción a “20.000 brazos viriles que se encontraban inútiles”. “Inútiles” no era la forma en que se reconocían las comunidades qom, moqoit, abipones, vilelas, lules, wichis, entre otros, que vivían de la caza, la pesca y la recolección y, ocasionalmente, de una incipiente práctica de cultivo de zapallos, maíz, sandías. Su vida era seminómade, que es muy diferente a hablar de poblaciones errantes o furtivas. Se trasladaban de un lado a otro, en la medida en que se los demandaba la escasez del medio.
La campaña principal se produjo en 1884, bajo la dirección del entonces ministro de Guerra, Benjamín Victorica. Tres años más tarde, se produjo la Masacre de San Antonio de Obligado, que tiene una particularidad en relación a estos hechos. Se produjo en el marco de un experimento de colonización sobre una población indígena derrotada militarmente. Sometidos a tratos crueles en un regimiento indígena formado especialmente por el coronel Manuel Obligado, el secuestro de una niña Qom a pedido del gobernador de Misiones, el general Rudecindo Roca, propietario de un ingenio azucarero en Santa Ana (Misiones) y hermano de Julio A. Roca, motivó la revuelta. Hacendados, dueños de obrajes y comerciantes de la zona se unieron a las divisiones del Ejército que acudieron desde distintos puntos de la región para reimponer su orden. La represalia fue feroz: fusilaron a casi una veintena de indígenas reducidos en la colonia, entre ellos una mujer y un niño, hecho denunciado por el párroco del poblado, Ermete Constanzi.
Napalpí, como crimen de lesa humanidad
La masacre de Napalpí, ocurrida el 19 de julio de 1924, ha hilado episodios de impactante estupor. Uno de ellos tuvo lugar semanas después en el Congreso de la Nación. El 4 de septiembre de aquel año, durante su exposición, el diputado Francisco Pérez Leirós, socialista y dirigente municipal, exhibió ante sus colegas un frasco de vidrio y exclamó: “A Maidana se lo mató en forma salvaje, y aunque cuesta decirlo en esta cámara, se le extirparon los testículos para exhibirlos como un trofeo de batalla. Se le cortó también una oreja, que aquí tengo en este frasco”.
Los socialistas fueron entonces de los pocos que denunciaron los hechos: la masacre y su encubrimiento, que oscilaba entre la negación y la justificación. La prensa porteña y chaqueña hicieron eco de los argumentos esgrimidos por el gobierno nacional, el gobierno territoriano y los distintos actores participantes: se había tratado de un “hecho policial”, en el que se derramó una mínima cantidad de sangre necesaria en función de dar respuesta a una “sublevación” de “salvajes” que pretendía acabar con los blancos en el Chaco.
Es que la masacre se produjo luego de más de un mes de conflicto abierto entre la población indígena, la blanca -comerciantes, hacendados y dueños de obrajes-, las autoridades chaqueñas y las de la Reducción Napalpí, una institución estatal que funcionaba desde 1911 como reguladora del mercado de trabajo indígena y que fue escenario de la matanza. Esta institución -como otra denominada Bartolomé de las Casas en Formosa- era un experimento estatal consumado luego de la excursión militar de la Fuerza de Operaciones del Chaco, comandada por el coronel Enrique Rostagno, aquel año.
El funcionamiento de esta institución fue problemático para las comunidades indígenas que fueron asignadas o recayeron en ella. Se les brindaba una parcela con la pretensión formal de que se convirtieran en colonos del algodón, producción que la propia institución les compraba. El proyecto real, sin embargo, terminó ofreciéndoles escasas retribuciones y funcionando como un distribuidor de la fuerza de trabajo para los colonos blancos y los obrajes, garantizando su explotación y disciplinamiento.
Las malas condiciones de trabajo experimentadas por estas comunidades y los exiguos pagos por su producción, se sumaron a una puja intergubernamental por la fuerza de trabajo, en el que terciaban los productores de azúcar de las provincias del noroeste, a donde comunidades del Chaco solían migrar y conseguir mejores jornales. En función de ello, el conflicto se abrió cuando el gobernador chaqueño, Fernando Centeno, decretó la inmovilización de la fuerza de trabajo local y prohibió además la caza en algunas zonas, actividad que seguía teniendo gran importancia para la reproducción de las comunidades.
La movilización y protesta indígena -composición principal, pero no única- duró un mes aproximadamente. Involucró instancias de negociación y acuerdo entre las máximas autoridades territorianas, delegados del gobierno nacional, representantes de las “fuerzas vivas” del Chaco y las comunidades indígenas, y también momentos de choques armados, que terminaron con la muerte tanto de indígenas como de blancos. Ello desató una “psicosis del malón”, alimentada por la prensa local, que llamaba a terminar con los “indios alzados”.
Luego de ver incumplidas las promesas del gobernador Centeno, unos ochocientos indígenas, principalmente Qom y moqoit, se reunieron en la zona de El Aguará, dentro de los límites de la Reducción Napalpí. Las autoridades estatales decidieron entonces emprender una represalia implacable. Alrededor de un centenar de efectivos policiales y de civiles, armados con fusiles, rodearon la concentración en la mañana del 19 de julio. El sobrevuelo de un avión que había partido del Aeroclub de Resistencia les permitió reconocer con exactitud el lugar de la concentración. Se calcula que al menos 200 personas fueron asesinadas, alcanzadas por los disparos, y luego rematadas y degolladas. Sus cuerpos, como el del cacique moqoit Maidana, fueron ultrajados. Algunos quedaron al descubierto y fueron luego malamente enterrados. El escarmiento fue total.
Tres días después, “vecinos caracterizados” del Chaco (así se autodenominaban las elites sociales y económicas) se dirigieron por telegrama al gobernador Centeno para agradecer el “acierto, de reprimir en forma enérgica y severa con la mínima efusión de sangre una situación de serio peligro para la vida e intereses de los que habitamos esta parte del territorio.” Uno de ellos, Eliseo Gamarra, escribía: “…policía cumpliendo estrictamente órdenes y serias medidas precauciones impartidas [por] esa gobernación ha conseguido restablecer tranquilidad dispersando indígenas maleantes, habiéndose evitado pobladores impresionarse con hechos vandálicos derramando sangre.”
Encubrimiento, negación, justificación, olvido, terror
Como señalaba al comenzar los relatos sobre los hechos de Napalpí, al poco tiempo los socialistas iniciaron las denuncias en el Congreso nacional. En verdad, se trataba de reprender al gobernador Centeno y conseguir su corrimiento, en función de los abusos policiales y las restricciones electorales impuestas para los comicios locales, en la que los socialistas se veían perjudicados. Envuelta en aquella trama, la masacre fue adquiriendo sustancia en el debate.
Allí se presentaron distintos tipos de pruebas, que detallaban el horror o que saludaban el accionar reactivo y mesurado de las fuerzas del orden. Se presentaron informes de allegados a los socialistas, entre ellos el de un ex director de la Reducción, Enrique Lynch Arribálzaga, telegramas de hacendados y hombres del comercio, deposiciones de inspectores nacionales, declaraciones del gobernador ante la prensa, y se contó incluso con la comparecencia -tardía y a regañadientes- del ministro del Interior, Vicente Gallo, entre otros. El diputado Romeo Saccone se encargó de desmentir las versiones socialistas y embarrar el camino hacia una posible investigación.
Uno de los episodios que mayor confusión generó y que más aportó al encubrimiento fue la realización de una expeditiva y parcial investigación judicial, en el que no se tomaría ningún testimonio de víctimas, pero sí el de los policías que participaron de los hechos y que fueron eximidos de cualquier responsabilidad. Dos de ellos, participaron de la supuesta exhumación del cuerpo de Maidana, concluyendo que no presentaba amputaciones como denunciaba el diputado Pérez Leirós.
Al mes de transcurridos los hechos, Centeno manifestó ante el diario La Razón que los indígenas habían dejado “de ser huelguistas para convertirse en vulgares delincuentes”. Luego dijo que la policía debió “aceptar el combate a que se los endilgaba” y “librarlo en las mejores condiciones posibles”. Presentando como verdad los telegramas remitidos por los “vecinos caracterizados” del Chaco, explicó además que el hecho se había producido con un mínimo derramamiento de sangre y que no se podía creer en que hubiesen resultado víctimas niños y mujeres ya que, argumentaba, los indios los retiraban ante cada combate. Su presencia, sin embargo, que conocemos por distintas fuentes, entre ellas por el testimonio de sobrevivientes, no hace sino subrayar el hecho de que los concentrados en protesta no se habían presentado a ningún combate ni estaban en pie de guerra.
Tras la masacre, la Reducción fue ocupada por la policía. Los sobrevivientes, dispersos, luego de semanas de ser perseguidos, se reinsertaron en la vida chaqueña, en la Reducción o en las poblaciones de las que provenían. El silencio en el registro del discurso público primó como una estrategia de supervivencia, pero no fue olvido.
El Congreso jamás investigó los hechos. Pérez Leirós presentó dos proyectos de resolución. En uno invitaba a crear una comisión investigadora con siete diputados. En el otro, instaba al presidente Alvear, en uso de la facultad que le confería el artículo 6 de la ley Nº 1.532 de Territorios Nacionales, a exonerar de su cargo al gobernador Centeno. En una provocativa intervención, el diputado Saccone respondió con sarcasmo: “¿Por qué no agrega en el primer proyecto: ‘y proyectar la legislación que redima de su esclavitud a los indígenas?’” En septiembre de 1925, todavía los socialistas impulsaron, sin éxito, la creación de la comisión investigadora.
Ensombrecidos por el encubrimiento, mencionado ocasionalmente en alguna investigación menor, más de medio siglo tuvo que pasar para que comenzara –levemente- a disiparse la opacidad, hacia fuera, con la realización de algunas investigaciones históricas de mayor relieve. Luego, en el contexto del reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución Nacional en 1994 y cuando se presentaba un proyecto de ley en el Congreso para homenajear a “los mártires de aquella oprobiosa jornada”, en la propia comunidad de Napalpí se prepararon para dar a conocer la larga marcha de la memoria de aquella masacre. Muchos viejos pobladores, incluso quienes habían llegado a vivir aquellos hechos siendo niños o adolescentes, contaron ante grabadores y cámaras lo que recordaban no sólo como individuos, sino como memoria comunitaria.
En 1999, la comunidad qom de Napalpí realizó su primer acto homenaje a los familiares asesinados. En 2004, como señalamos, se presentó una demanda civil en el juzgado federal de Resistencia. En 2008, el recién asumido gobernador, Jorge Capitanich, pidió perdón en nombre del estado chaqueño. Producto de este proceso, nació la Fundación Napalpí, cuyo slogan dice “Memoria, Verdad y Justicia”.
En 2014, la Oficina de Derechos Humanos en Resistencia del Ministerio Público Fiscal impulsó la denuncia penal. Llegaron a tomar declaración a dos sobrevivientes, antes de que fallecieran. También declararon hijos y nietos, que transmiten la memoria del pueblo sostenida por tradición oral.
Esperan que, finalmente, tenga lugar una investigación oficial: un “juicio por la verdad”.
Alejandro Jasinski Historiador y periodista, especializado en empresas, trabajadores y derechos humanos. Es investigador de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Fue uno de los coordinadores y autores del informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad y es autor de Revuelta obrera y masacre en La Forestal: sindicalización y violencia empresarial en tiempos de Yrigoyen. Ha publicado varios artículos y capítulos en publicaciones políticas y académicas. Escribe todos los domingos en El Cohete a la Luna.
Imagen destacada: Reducción de Napalpí, Quitilipi, enero 4 de 1920. Archivo General de la Nación Argentina, documentos fotográficos. Código: AR-AGN-AGAS01-DDF-rg- Caja 2508 – Inventario 129887.
